"No nos basta con que el gasto público en I+D+I se haya multiplicado tres veces y media, ni que la OCDE reconozca que nuestras medidas tributarias son las mejores del mundo si nuestras empresas no las aplican", dijo Rato, tras resaltar que la seguridad jurídica en este tipo de inversiones es "esencial" para garantizar la prosperidad empresarial.

De acuerdo a las nuevas medidas, incluidas en una enmienda en el Senado en el trámite de la Ley de la Nueva Empresa, las inversiones en I+D+I podrán estar acreditadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o sus organismos adscritos, con el fin de obtener un informe vinculante para la Administración Tributaria, y optimizar así el marco de incentivos fiscales.

Además, las consultas que los sujetos pasivos realicen directamente a la Administración Tributaria sobre interpretaciones o aplicación de las deducciones por I+D+I, tendrán carácter vinculante para la misma y a efectos de su resolución se considerará vinculante el certificado que pudiera haber emitido el Ministerio de Ciencia y Tecnología o sus organismos adscritos.

Igualmente, si el empresario solicita a la Administración Tributaria la adopción de acuerdos previos de valoración de los gastos e inversiones en materia de I+D+I, estos podrán aportar los certificados emitidos a su instancia por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o sus organismos adscritos, que tendrán carácter vinculante.

Esta iniciativa, que estará en vigencia desde el presente ejercicio fiscal (enero del 2003), será tramitada a través del Grupo Parlamentario Popular y aspira a despejar las discrepancias interpretativas respecto a la definición del tratamiento fiscal de inversiones en I+D+I entre empresarios y Administración tributaria.