Otra de las propuestas pactadas en la iniciativa (consecuencia de una interpelación que CiU planteó la semana pasada al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro) es la de solicitar el establecimiento de un régimen específico en el Impuesto sobre Sociedades aplicable a la construcción y explotación de viviendas de protección oficial, cualquiera que sea su régimen. Esta medida en un principio se limitaba a las viviendas públicas destinadas al alquiler, requisito éste que, al final, se ha suprimido durante la negociación del texto consensuado entre CiU y PP.

Junto a estas medidas, se ha aprobado pedir al Ejecutivo que estudie cómo potenciar los mecanismos de amortización acelerada para favorecer la inversión en activos fijos por parte de las empresas de reducida dimensión; y que se continúen agilizando los mecanismos para la devolución del IVA, especialmente en el caso de las pymes y de las empresas exportadoras.

También se reclama al Ejecutivo que incremente la colaboración entre los ministerios de Hacienda y de Ciencia y Tecnología para que se unifiquen los criterios acerca de lo que se consideran inversiones de I+D+i para poder aplicarse los incentivos fiscales establecidos en el Impuesto sobre Sociedades.

En este ámbito, CiU ha incorporado una propuesta del PSOE para que se haga una "especial referencia" a las inversiones que las empresas efectúan para realizar sus muestrarios, "siempre que supongan una innovación para la empresa". Otra de las propuestas aprobada pasa por pedir al Gobierno que estudie la adopción de las disposiciones legales oportunas que hagan posible, en el ámbito del IVA, una mejora en los mecanismos de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Ventajas para las nuevas pymes

Para estimular la creación de empresas, se propone una reducción de las cargas fiscales durante los primeros ejercicios de vida de las nuevas pymes, en particular, el aplazamiento de las deudas tributarias y supresión de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los dos primeros períodos impositivos concluidos desde su constitución; el aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades derivadas de retenciones o ingresos a cuenta del IRPF que se devenguen en su primer año desde su constitución; o el aplazamiento de la deuda tributaria del ITP y AJD por la modalidad de operaciones societarias, derivada de la constitución de la sociedad en su primer año.

Finalmente, la moción expresa su respaldo a la reciente decisión del Gobierno de congelar los módulos a los trabajadores autónomos y pymes acogidos al régimen de estimación objetiva en el IRPF y al régimen especial simplificado en el IVA; y se pide que la nueva Ley General Tributaria mejore las relaciones entre la Administración tributaria y el contribuyente, ofreciendo un marco tributario más cómodo, sencillo y eficaz.