El PSOE cree que si Trabajo busca ahorrar dinero a la Seguridad Social debería optar por otra solución, como evitar las prejubilaciones. UGT ha dejado también sentada su posición. Está en contra de esa propuesta y se movilizará el día 12 de marzo en toda España, pero ayer su secretario general, Cándido Méndez, hacía dos peticiones, que los partidos dejen clara su opinión en los programas electorales y que se cuente con el sindicato en el debate, aunque no haya firmado como CCOO y la CEOE el acuerdo de pensiones del 2001.

Zaplana intentó ayer poner su cara más amable en la comparecencia en la comisión, reclamada por CiU para explicar las últimas medidas aprobadas por el Gobierno en materia de pensiones. El ministro se comprometió con la renovación del Pacto de Toledo ante la buena disposición mostrada por los grupos parlamentarios y la coincidencia de todos los diputados -de puertas para adentro- de que es posible alcanzar un nuevo texto antes de que concluya esta legislatura.

Sí es cierto que, más allá de la polémica suscitada por la propuesta del Ejecutivo de ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, el PSOE parece haber renunciado a su anunciada intención de hacer propuestas semanales sobre pensiones para contrarrestar el efecto político de las medidas que había presentado el Gobierno. A cambio, ayer Zaplana intentó dar por zanjada la cuestión del periodo de cómputo. Se centró en prometer que remitirá a las formaciones parlamentarias todos los estudios técnicos y datos pertinentes para sentar las bases de un nuevo acuerdo político que renueve el Pacto de Toledo y se mostró dispuesto a aparcar todos aquellos debates que puedan "entorpecer" el consenso para actualizar el Pacto de Toledo.

"Me voy de esta Comisión con el objetivo de que seamos capaces de conseguir, a corto plazo, ese acuerdo, y si para ello tenemos que apartar algunos debates que en este momento pueden no comprender la parte más importante de nuestro interés, bienvenido sea en aras del consenso y la renovación de estos acuerdos", afirmó. Además, Zaplana quiso evitar las referencias temporales que han lastrado otras negociaciones en materia laboral, como la de la negociación colectiva y la reforma laboral del 2001. Así, precisó, en clara referencia al periodo electoral, que si no es posible lograr un consenso en esta materia "no pasaría nada", porque se buscaría el momento más adecuado para ello.

La polémica del periodo de cálculo

Lo que no logró evitar Zaplana es que, al menos ayer, se volviera a hablar de la ampliación del periodo de cálculo. De hecho, gran parte de su propia intervención y la de los portavoces de los grupos parlamentarios se centró en esta polémica. Desde el PSOE, el ex ministro de Trabajo José Antonio Griñán reclamó la apertura de este debate en el seno de la Comisión, al margen de las conversaciones que se desarrollen con CCOO y CEOE, firmantes del acuerdo de pensiones de abril de 2001.

Griñán pidió a Zaplana "que no confunda" el consenso político con el diálogo social, pues los grupos parlamentarios están dispuestos a discutir sobre esta cuestión. "Cuando usted dice que no abrirá ese debate si los agentes sociales no quieren, no hace bien, porque el consenso debe ser político", señaló. En este punto, Griñán reclamó, como también hizo el portavoz de IU, Antero Ruiz, que le sea remitido el informe del Ministerio sobre el impacto que tuvo la ampliación del periodo de cálculo de ocho a quince años. En cualquier caso, el portavoz socialista aseguró que el ahorro que supone esta medida para el sistema es de menos de dos décimas del PIB, mientras que si se consiguiera que todos los trabajadores se jubilaran a los 65 años el ahorro alcanzaría medio punto.

Ante estas declaraciones, que se sumaron a las de Izquierda Unida -en contra de la ampliación, que asemejó con un seguro privado-, y de CiU -que rechazó un debate ahora al respecto-, el ministro quiso zanjar toda polémica volviendo a asegurar que el Gobierno "no está dispuesto" a abordar una reforma "tan importante" como la del periodo de cálculo sin el consenso de los agentes sociales, y sin que ellos quieran discutir el tema, tras lo que aseguró que en estos momentos "no existe tal consenso".

Por la tarde tampoco se pudo evitar la polémica: durante la sesión de control al Gobierno, la diputada socialista Isabel López i Chamosa llamó "mentiroso" a Zaplana por las diferentes manifestaciones que ha realizado estos últimos días en torno a la ampliación del periodo de cómputo. A modo de respuesta, el ministro dijo que "esta mañana he comparecido en la comisión y el portavoz de su grupo me ha recriminado que dé por cerrado el asunto. Yo ya no sé a que atenerme. Está en el acuerdo con CCOO y CEOE que hay que abordarlo en el 2003. Cuando alguien habla de abordarlo se dice que es una locura, UGT se manifiesta en contra y algunas de sus señorías también. Nosotros decimos que sin consenso no lo vamos a hacer. Y le he contestado (a Griñán) que si sus señorías desean abrir esta cuestión, se abre y se debate; por parte del Gobierno no hay mayor interés".

En este punto, la diputada socialista demandó a la mesa del Congreso la lectura de algunas declaraciones realizadas por el ministro en los últimos días. El secretario segundo, Gabriel Mato, del PP, leyó varias citas de Zaplana, en las que aseguraba que lo más justo sería ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo. El ministro se reiteró en todas estas manifestaciones, y López i Chamosa le contestó que con ello evidenciaba que la "mentira era su norma de comportamiento".

La postura de UGT

UGT se encuentra en una complicada posición cuando se habla de pensiones. Al no firmar el acuerdo del 2001, buena parte de las propuestas que realiza el Gobierno en la materia las negocia sólo con CCOO y la patronal. Ayer, el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, aprovechó la rueda de prensa de presentación oficial de las concentraciones de jubilados y pensionistas que preparará la central el 12 de marzo para advertir al Ejecutivo y también a Comisiones de que "intentar tomar medidas sin UGT o contra la UGT no lleva a ninguna parte".

Después de felicitarse de que Zaplana haya "desistido" por la mañana de cumplir el "compromiso" fijado en el pacto del 2001 para ampliar el periodo de cálculo de la pensión, Méndez hizo un llamamiento explícito a todos los partidos a que fijen posición al respecto en sus respectivos programas electorales. De paso, reiteró sus críticas generales a la política de pensiones del Gobierno y recordó la propuesta de UGT de elevar, de momento, todas las pensiones mínimas a 450 euros mensuales, lo que según las cifras del sindicato no afectaría a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.

Frente a esto, dijo Méndez, ha optado por gastar más de 7,2 millones de euros en una campaña publicitaria para promocionar una revalorización de las pensiones a la que está obligado por ley, recordó, tras lo cual añadió que si ese dinero lo hubiera ocupado en gasto para pensiones, la subida adicional de las mismas habría sido un 33% mayor. El lider ugetista también criticó que actualmente sólo se destine al Fondo de Reserva un tercio del superávit de la Seguridad Social, por lo que aseguró que "quien mete mano" en el fondo -frase utilizada por el presidente José María Aznar para acusar a los socialistas de utilizar la reserva de pensiones para otros fines durant su etapa de Gobierno- es el PP, que aprovecha la bonanza del sistema para otros fines, "como la rebaja de impuestos a los que más tienen".

El CES da luz verde a la Ley del Fondo de Reserva

En teoría, esta situación se debería acabar con la nueva Ley del Fondo de Reserva, que habla de que el destino del superávit del sistema al fondo sea "prioritario y mayoritario". El Consejo Económico y Social (CES) dió ayer su visto bueno al texto legal en un dictamen en el que valora que con ello se cumpla lo acordado en el Pacto de Toledo y se consolide la figura del Fondo de Reserva como la mejor garantía de que un ciclo económico bajo no supondrá tener que elevar las cotizaciones para poder mantener las pensiones.

Por otra parte, CCOO salió ayer al paso del informe presentado el lunes por los ministros de Economía de los Quince en el que instan al Gobierno a potenciar los planes privados de pensiones como la mejor fórmula para asegurar la sostenibilidad futura del sistema. El sindicato subraya que etsa seguridad es absoluta en los próximos 50 años con un crecimiento anual de la riqueza del 2,5%, aunque haya el doble de pensionistas y la pensión media sea tres veces más alta que la actual. Además, Comisiones recuerda que los sistemas de capitalización han mostrado "sobradamente" su debilidad, con pérdidas acumuladas del 30% en los tres últimos años. Todo esto hace pensar a la central que las advertencias del Ecofin son "bastante interesadas" y dice que pueden partir de los más de 2.000 millones de euros en comisiones que obtendrían las entidades financieras con la transformación del sistema.