Hacienda ha declarado la guerra a las estructuras de ingeniería fiscal que no escondan otro propósito que el de actuar como cortafuegos en la persecución del fraude. Administradores de paja, empresas fantasma y compañías subcontratadas con las que despistar a los inspectores pasarán a la lista negra de Hacienda.
La nueva Ley General Tributaria, que el ministerio pretende enviar a Consejo de Ministros la próxima semana, permitirá un amplio margen de actuación a la Agencia Tributaria en la persecución de las infracciones tributarias. Entre las medidas estrella de esta nueva ley se recoge la extensión de las sanciones fiscales a todos los directivos o ejecutivos que estén implicados en un fraude empresarial. Esta reforma se plasmará a través de la creación de una nueva figura: "el administrador de hecho", que pasará a ser considerado como responsable de las infracciones de su empresa. Bajo este nombre se recogerá la posibilidad de aplicar sanciones a directivos, ejecutivos, apoderados o cualquier colaborador que realmente haya sido el culpable de la infracción. El objetivo final es "exigir la sanción al responsable" auténtico, tal y como señala el texto de la nueva ley. Fuentes de la Inspección no ocultan las dificultades que hasta ahora ha supuesto, en la persecución de las deudas, los entramados empresariales de figuras de paja. Tras un administrador irreal, surge un directivo que es, realmente, el responsable de la infracción. "Los casos son numerosos y con la ley actual no se puede hacer mucho porque sólo permite extender la sanción hasta el administrador oficial".
Socios de la empresa
Hacienda podrá llegar, incluso, hasta los propios socios de la empresa en esta lucha por sancionar al verdadero culpable. La nueva ley permitirá exigir el pago de sanciones a accionistas en el caso de descubrir una disolución fraudulenta de la empresa que claramente haya supuesto beneficio para los socios. La reforma pretende dar caza, de esta forma, a una de las tramas habituales de ingeniería: la destrucción de filiales con impagos a Hacienda para acabar con ellas la posible persecución del fraude.
La reforma también acabará con la imposibilidad de perseguir el fraude en las subcontratas. La Agencia Tributaria ha chocado en diversas ocasiones contra esta muralla. Se trata de tramas que se han detectado especialmente en el sector de la construcción: una empresa subcontrata parte de su labor con otra compañía que incurre en fraude. La subcontratista, generalmente, resulta ser insolvente ?debido a que en realidad se trata de una mera sociedad fantasma? y Hacienda no puede hacer mucho porque la contratista, como ocurre ahora, no responde del fraude de la subcontratada. La nueva ley abre una puerta para saltar este obstáculo y derivar las responsabilidades hacia el contratista. La medida, aunque afectará a las constructoras se aplicará también a otros sectores, en concreto a todos los que puedan usar este esquema de infracción por medio de "subcontratar ejecuciones de obras y prestaciones de servicios", según aclara la ley. El sector inmobiliario no ha asumido con buenos ojos la reforma. Considera que "no pueden exigirse responsabilidades por las infracciones de otra compañía". "Las reglas del mercado son muy duras y se exige trabajar con márgenes de beneficios muy reducidos; en este escenario es cierto que existen casos en los que algunas empresas abaratan sus servicios por medio de incumplir con Hacienda, pero no se puede trasladar esa responsabilidad a otra compañía que es completamente ajena al fraude", añaden. El ministerio, sin embargo, prepara ya la creación de un certificado que el subcontratista podrá firmar voluntariamente para liberar de responsabilidad a la empresa principal.
La nueva Ley General Tributaria no sólo pretende acabar con los principales focos de fraude. Además, incorporará nuevas recetas con las que combatir un viejo problema: los interminables procesos judiciales que atraviesan las sanciones fiscales.
La evidencia de que la tramitación judicial, recurso tras recurso, puede llegar a superar plazos de espera de hasta diez años, ha llevado al convencimiento de que ni los contribuyentes, en muchos casos empresas, ni la propia Administración pueden dilatar la resolución de los casos y, por lo tanto, el pago definitivo, hasta ese plazo.
La respuesta de la nueva Ley Tributaria ha sido doble: por un lado, la Inspección fiscal deberá acatar todas las interpretaciones técnicas que haga la Dirección General de Tributos ?el organismo técnico del Ministerio de Hacienda?. Dentro de estas interpretaciones figuran las respuestas que Hacienda da a preguntas enviadas por los particulares sobre dudas de aplicación de impuestos, lo que se conoce popularmente como "consultas de la Dirección General Tributaria".
Más seguridad
Con esta reforma Hacienda restará capacidad de interpretación sobre las normas a los Inspectores, paso que las empresas han reclamado como necesario para acabar con la dispersidad de criterios y con su consiguiente inseguridad jurídica.
Además, y como incentivo a no acudir a los tribunales, Hacienda regulará importantes rebajas en las sanciones para aquellos contribuyentes a los que tras haberles detectado una infracción acepten pagar sin demoras y sin recursos a los tribunales. La rebaja supondrá un descuento de hasta un 50% en el importe de la sanción, premio que "animará a los contribuyentes a no utilizar el proceso de recurrir judicialmente las actuaciones de la Inspección salvo en el supuesto de que sepan que realmente tienen razón", según fuentes del Ministerio de Hacienda.
La nueva Ley General Tributaria no sólo pretende acabar con los principales focos de fraude. Además, incorporará nuevas recetas con las que combatir un viejo problema: los interminables procesos judiciales que atraviesan las sanciones fiscales.
La evidencia de que la tramitación judicial, recurso tras recurso, puede llegar a superar plazos de espera de hasta diez años, ha llevado al convencimiento de que ni los contribuyentes, en muchos casos empresas, ni la propia Administración pueden dilatar la resolución de los casos y, por lo tanto, el pago definitivo, hasta ese plazo.
La respuesta de la nueva Ley Tributaria ha sido doble: por un lado, la Inspección fiscal deberá acatar todas las interpretaciones técnicas que haga la Dirección General de Tributos ?el organismo técnico del Ministerio de Hacienda?. Dentro de estas interpretaciones figuran las respuestas que Hacienda da a preguntas enviadas por los particulares sobre dudas de aplicación de impuestos, lo que se conoce popularmente como "consultas de la Dirección General Tributaria".
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