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EXPANSIÓN - ECONOMÍA   

11 de febrero de 2003    


La reserva de pensiones garantizará cuatro años de déficit en el sistema

M.Valverde. Madrid

El Gobierno tiene intención de que el fondo de reserva de las pensiones públicas pueda durar al menos cuatros años consecutivos en los que el sistema tenga un déficit estructural.


Esta previsión, y evitar su utilización política, es la razón de que el Ejecutivo haya introducido limitaciones en la utilización de esta reserva. El fondo tiene ya 7.370 millones de euros tras la última aportación.

Las dos principales limitaciones introducidas por el Gobierno en la utilización de ese fondo son que sólo se pueda utilizar “en las situaciones estructurales de déficit financiero” del sistema de la Seguridad Social.

La segunda limitación es que en el ejercicio que se recurra a esta reserva para garantizar las prestaciones la cuantía no exceda del 3% anual de la suma que se destine a la financiación de las pensiones contributivas y los gastos necesarios para su gestión.

Con todo esto, el Ejecutivo tiene varios fines: garantizar que cuando menos la reserva para garantizar las prestaciones públicas pueda durar cuatro ejercicios consecutivos de déficit del sistema, según se regula en el anteproyecto de Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Otro objetivo de la limitación en el uso del fondo, que no están contenidos en la norma, pero sí ha sido valorado por el Gobierno es el siguiente: impedir que, en el futuro, el Ejecutivo, sea del color político que sea, pueda utilizar estos fondos -por ejemplo, en vísperas de unas elecciones- para mejorar las pensiones en exceso poniendo en peligro el equilibrio financiero del sistema.

O, dicho de otra manera, que para suprimir estas limitaciones, el Gobierno de turno tendrá que hacer otra ley que deberá ser aprobada por el Parlamento.

El Pacto de Toledo

Para entender esta previsión del Ejecutivo es necesario recordar que el fondo de reserva es un desarrollo del Pacto Toledo; es decir, del acuerdo que en 1995 suscribieron todas las fuerzas parlamentarias para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Por lo tanto, es previsble que una reforma en profundidad de este fondo necesite de un amplio consenso político.

Además, el Gobierno ha introducido en la nueva norma varios comités de gestión, asesoramiento y seguimiento del fondo de reserva con el fin de someterlo a los controles más estrictos e impedir su utilización política.

Por ejemplo, en el comité de seguimiento no sólo estarán representantes del Ministerio de Trabajo, Hacienda y Economía, sino también cuatro miembros de las patronales CEOE, Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. Además, la norma establece la obligación del Gobierno de enviar un informe anual al Parlamento sobre la evolución del fondo.

La eserva se alimenta desde 2000, año en el que empezó a funcionar, de los excedentes por cotizaciones sociales que tiene el sistema contributivo -o laboral- en la balanza entre ingresos y gastos. Desde entonces, y gracias a la situación de superávit de ls Seguridad Social, el fondo de reserva tiene 7.370 millones de euros; una cifra que supera las primeras previsiones que hicieron el Gobierno, la patronal y los sindicatos, en su acuerdo de abril de 2001 de dotar al fondo al final de esta legislatura con 6.000 millones de euros.

En este sentido, la norma regula también que, en tanto en cuanto, no termine la reforma financiera de la Seguridad Social, en el sistema de ingresos y gastos para el fondo también se tendrán en cuenta las ayudas que reciben las pensiones más bajas para siquiera equiparalas a los más bajas del sistema.

Esto es de suma importancia porque los complementos de mínimos supone anualmente cuatro mil millones de euros; una cuantía que puede ayudar considerablemente a mejorar el superávit del sistema contributivo de la Seguridad Social y, por tanto, ayudar a financiar no sólo el fondo de reserva, sino también otros fines que persoguen la patronal y los sindicatos. La reivindicación histórica de la CEOE es aprovechar los excedentes de la proteccción social para bajar las cotizaciones sociales, mientras que los sindicatos piden un aumento de la protección, por encima de los previsto por el Gobierno en los presupuestos. La norma regula que el fondo tendrá “prioridad” en el destino de los sexcedentes.



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