El Gobierno no ha planteado a CCOO, firmante del acuerdo de pensiones junto con la CEOE, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de los quince años actuales a toda la vida laboral. Según indicaron ayer a Europa Press en fuentes del sindicato, la organización que dirige José María Fidalgo no se pronunciará sobre esta cuestión hasta que el Ejecutivo no ponga sobre la mesa esta propuesta que, según el texto del acuerdo, toca abordar a lo largo de este ejercicio. "Sólo hablaremos y daremos argumentos cuando esa idea esté sobre la mesa", apuntó un portavoz del sindicato.

Para CCOO, la extensión a toda la vida laboral del periodo de cálculo de la pensión "no es un tema que ahora mismo provoque debate o discusión alguna", y confía en que el Ejecutivo no plantee esta iniciativa en los próximos meses. Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha mostrado su intención de iniciar conversaciones con los firmantes del pacto de pensiones de abril del 2001, para "valorar la oportunidad y ver la forma de emprender" la reforma del periodo cálculo de la pensión, en cumplimiento con lo establecido en el texto del acuerdo.

Después del revuelo ocasionado por este anuncio, Zaplana, y ayer insistía en ello el secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps, aseguró que cualquier modificación del sistema de cómputo de las pensiones ha de hacerse desde el "consenso" y el diálogo, de forma que este asunto no suponga la apertura de un nuevo frente entre el Ejecutivo y los sindicatos.

Para el ministro sería "más justo" que se tuviera en cuenta toda la vida laboral para determinar la pensión, tal y como se viene recomendado desde la Unión Europea, sin que ello suponga ningún corte en la cuantía de la misma. Es más, según el ministro, desde que se decidió en 1996, con el apoyo de CCOO. y UGT, extender el periodo de cálculo de ocho a quince años el importe medio de la pensión de jubilación no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado en un 38%.

En cualquier caso, el secretario general del PP y ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, ya salió el domingo a la palestra para asegurar que las declaraciones de Zaplana constituyen una "reflexión" y que, en todo caso, este tema no está encima de la mesa. Según Camps, "no hay ninguna propuesta" para la discusión y, aunque considera postivo el debate, se trata de una reforma que "ahora no toca".

Al igual que el sector crítico de CCOO, desde UGT, que rechazó firmar el pacto de pensiones del 2001, se está contra de que se extienda el periodo de cálculo porque, según defiende, esta medida recortaría la cuantía de las pensiones, y ha propuesto una fórmula alternativa, consistente en tener en cuenta los quince mejores años de cotización del trabajador para determinar la pensión.

Para UGT tenía ayer Camps palabras duras. El secretario de Estado acusó al sindicato que dirige Cándido Méndez de sufrir un "ataque de enajenación social transitoria" y de buscar la "confrontación", ya que considera que si la central estuvo de acuerdo en su día con el paso de ocho a quince años, no comprende las razones para estar radicalmente en contra de una nuva extensión del periodo de cómputo.

Los problemas de la ampliación

En medio de esta polémica, el secretario general adjunto de CiU, Pere Macias, lanzó ayer la propuesta de encontrar una "fórmula de compromiso" sobre las bases de cálculo y evitar que se convierta en un nuevo tema de confrontación entre el Gobierno central y la oposición. Tras la reunión de la comisión ejecutiva de CiU, Macias explicó que la federación trabajará para compatibilizar el cómputo de la pensión durante los últimos 15 años de la vida laboral y la posibilidad de que se tenga en cuenta toda la vida laboral, aspecto que ya se incluye en el Pacto de Toledo.

Para el dirigente nacionalista el problema es que en la actualidad existen pensiones tan bajas que llegan a afectar a la dignidad de las personas. En ese mismo sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, pidió al Gobierno que, elevando o no el periodo de cálculo, se preocupe, desde el consenso, de mantener un "sistema solidario que garantice que la pensión mínima permita vivir con dignidad". Bono, en declaraciones a TVE, advirtió, en cualquier caso, de que si se hace esa modificación "habrá conflicto", como lo hubo cuando se elevó el cómputo a quince años, y señaló que el conflicto vendrá por el hecho de que "todo el mundo ha hecho sus cálculos sobre lo que le corresponde cobrar por lo que ha cotizado".

"Si ahora se modifican las reglas del juego, es normal que quien se sienta perjudicado proteste", indicó el presidente castellano-manchego, quien sin embargo consideró que "también es comprensible que quien más ha cotizado durante más tiempo diga que le salven su derecho y que no le paguen lo mismo que al que ha cotizado menos". En opinión de Bono, las pensiones contributivas "tienen que estar en relación con lo que se ha contribuido y hemos de evitar la compra de pensiones que ocurría hace años, cuando con la cotización de diez años se podía conseguir una pensión para veinte o treinta años".