La Agencia Tributaria tiene previsto crear este año hasta nueve agencias regionales para coordinar con las administraciones autonómicas sus planes de lucha contra el fraude fiscal, dentro de una nueva planificación global en esta área que se pretende poner en marcha dada la nueva situación fiscal que se ha generado con la cesión de impuestos del nuevo modelo de financiación, según explicó el director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud. No se trata tanto de estar en todas las Comunidades Autónomas, como en las zonas en las que se puede generar más fraude (costeras y de mayor actividad empresarial), por lo que esas agencias regionales, en principio, se centrarán en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Ayer mismo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la resolución que marca las directrices del plan general de control tributario para este año, que además centrará sus pesquisas e inspecciones, entre otras áreas, en los sectores inmobiliario y financiero, en todo sus ámbitos y niveles. En este ejercicio se están logrando los primeros resultados del plan contra el blanqueo de dinero que se puso en marcha en el segundo semestre del año 2001 y el primero de 2002 con ocasión de la retirada de la peseta y la llegada del euro, con una «rentabilidad mínima» en cada contribuyente investigado de 7.000 euros, según reveló el responsable de la Agencia Tributaria.
En materia autonómica, Ruiz Gallud señaló que se trata de intensificar al máximo al actual sistema de intercambio de información que existe con las hacienda autonómicas, que ahora gestionan una parte importante de los tributos. Más concretamente, el plan de control aprobado menciona un vigilancia estrecha sobre los beneficios fiscales que existen en algunas Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre el Patrimonio, en las reestructuraciones empresariales y las exenciones de impuestos que en algunas regiones se ofrecen y, por último, sobre el funcionamiento de algunas deducciones específicas autonómicas en materia de Impuesto sobre la Renta.
Se pretende aclarar también con las Comunidades ciertas transmisiones de inmuebles que se realizan y que suponen el cambio de domicilio de los contribuyentes afectados.
La eliminación del IAE a la mayor parte de las Pymes obligará este año a realizar un nuevo censo de este tipo de sociedades, cuestión que se aprovechará para comprobar la finalidad de muchas entidades que se crean para ser utilizadas en posibles tramas de evasión fiscal.
Con ocasión de la puesta en marcha del euro se recogieron hasta 102.000 registros sobre operaciones de compra de artículos de lujo, al mismo tiempo que se puso en marcha el plan especial de control de fraude en las costas.
7.000 euros de media
El cruce de datos de una cosa y la otra, junto con los datos obtenidos en las declaraciones de renta realizada en el ejercicio pasado, sobre las cuentas del año 2001, han dado los primeros resultados en la lucha contra el fraude sobre esa cuestión de la posible afloración de dinero negro en España. De ello se deduce una media de cobro por cada contribuyente inspeccionado de 7.000 euros.
El proyecto sirve además para estrechar aún más el cerco al fraude del uso de dinero negro en el negocio inmobiliario. Las inspecciones se van a ampliar a todos los ámbitos de estos negocios, y muy especialmente a las plusvalías obtenidas en la recalificación de terrenos urbanizables y los intermediarios que operan con ellos, es decir, todas las subcontratas. Una de las novedades de este año es acotar las operaciones del sector financiero en paraísos fiscales o países de baja tributación.
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