Hacienda estrechará el control en la nueva Ley General Tributaria a los negocios que califique como "dudosos", es decir, en aquellos que, mediante procedimientos legales, sólo se constituyan para evadir el pago de impuestos.
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De esta forma, se perseguirán, por ejemplo, operaciones de compraventa de inmuebles en las que comprador y vendedor formen una sociedad con el único fin de reducir el tipo de IVA, para después disolverla en poco tiempo.
El borrador de la nueva ley tributaria propone acabar con este tipo de fraudes, dentro de la figura de las “cláusulas anti-abuso”, que precisan y aclaran los supuestos del anterior “fraude de ley” pero que no llevarán aparajeda ninguna sanción, aunque sí el pago fiscal que se pretendía eludir.
Así lo explicó ayer el presidente de la comisión de expertos que ha elaborado el borrador, José Juan Ferrero Lapatza, quien entregó el texto al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, y que se remitirá a las Cortes en abril, una vez que sea aprobado por el Consejo de Ministros.
Sanciones
A esta novedad se suman otras como la tipificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, según si el fraude es inferior o superior a 3.000 eruos, superior a esa cantidad o si emplea medios fraudulentos, respectivamente.
Éstas se castigarán con sanciones proporcionales: si son leves, del 50% de la cuota; para las graves, la sanción será de entre el 50% y el 100% y para las muy graves, de entre el 100% y el 150% de la cuota. Las sanciones, no obstante, podrán reducirse un 50% si se firma un acta de acuerdo (figura que crea el borrador).
Sobre esa reducción se podrá aplicar otra rebaja del 20% por pronto pago. El borrador, por otra parte, espefica que deberán hacer frente a las sanciones los colaboradores en infracciones y administradores de sociedades que consientan o colaboren en comisón de infracciones por parte de aquéllas.
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