El ministerio, que pretende aprovechar esta norma para endurecer el control de las operaciones de ingeniería fiscal, estrechar la vigilancia sobre las actuaciones fraudulentas de los directivos y reducir la conflictividad judicial en los procesos de cobro de impuestos, hará público hoy el informe previo de la reforma, encargado por Hacienda a una comisión de expertos.
La nueva Ley General Tributaria, último reto en la agenda inicialmente prevista por Hacienda para esta legislatura, deberá convertirse, de esta forma, en la base de las futuras actuaciones legales y e inspectoras de Hacienda. Entre los puntos que reformará se encuentra la ampliación de las garantías de los contribuyentes frente a las inspecciones.
De esta forma, se regulan de forma definitiva las garantías de los declarantes en el procedimiento de pago de impuestos a través de Internet y se convierten en vinculantes las distintas contestaciones que realice la Dirección de Tributos a los particulares. Hacienda pretende dar, así, más fiabilidad a los criterios técnicos del Ministerio y evitar conflictos originados por malas interpretaciones de las leyes tributarias.
La norma también servirá para dar una vuelta de tuerca al control de algunas de las operaciones más importantes de fraude empresarial. Así, los directivos que se vean involucrados en irregularidades podrán responder personalmente de las infracciones.
Las reestructuraciones empresariales basadas en fusiones o escisiones dentro del mismo grupo y que sólo persigan la rebaja de la factura fiscal quedarán catalogadas como operaciones de ingeniería fiscal y, por lo tanto, prohibidas debido a que carecen de motivo “económico” real.
La norma, además, rebajará hasta un 50% las sanciones en los casos en los que el contribuyente decida pagar de forma voluntaria sin recurrir a los tribunales.
Hacienda zanjó ayer, por otra parte, la renovación del convenio económico con Navarra.
El presidente navarro, Miguel Sanz, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmaron en Pamplona el nuevo convenio, que regula las relaciones económicas y financieras entre Navarra y el Gobierno español y con el que se “refuerza el régimen foral”, según palabras de Montoro.
El ministro aclaró que el acuerdo garantiza una “mayor capacidad fiscal y financiera de Navarra, gracias al reconocimiento de su capacidad foral en el principio de estabilidad presupuestaria, por el que la comunidad autónoma tendrá la competencia exclusiva a la hora de desarrollar este deber en sus respectivos entes locales”.
Navarra tendrá además capacidad para crear nuevos impuestos y se mantendrá el coeficiente del 1,6 para calcular la aportación foral a los gastos generales del Estado, con lo que la cuantía a abonar al Estado será de 360,9 millones de euros.
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