El borrador, que un grupo de expertos entregó al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, como base para el anteproyecto de la Ley General Tributaria, propone una nueva tipificación de la infracciones leves, graves y muy graves. Actualmente, se dividen entre simples y graves.
José Ferreiro, presidente del comité de expertos, explicó que la reducción de las sanciones será de un 50 por ciento si el contribuyente firma un acta de acuerdo, nueva figura que establece el borrador, con la administración tributaria en los casos en los que puede haber una diferencia interpretativa de la ley tributaria o para hechos que se consideren "inciertos".
Sobre esta reducción del 50 por cierto, se podrá rebajar un 20 por ciento adicional si el contribuyente realiza el pago de la sanción en periodo voluntario, lo que eleva hasta un 60 por ciento las reducciones de las sanciones siempre que el ciudadano manifieste una clara voluntad cooperadora con la adminstración tributaria.
Infracciones
En cuanto a la nueva tipificación de las infracciones, el criterio para distinguir las leves de las graves y muy graves será la ocultación de datos a la Hacienda Pública y se excluyen los errores en las autoliquidaciones. Asimismo, se considerarán infracciones graves o muy graves los errores en las retenciones.
Otra novedad es la aparición de las 'cláusulas anti-abuso', un nuevo sistema tributario que viene a regular aquellos supuestos en los que se produce un "abuso de la ley" y se establecen procedimientos que, aunque son legales, se hacen para eludir el pago de impuestos, según indicó Ferreiro.
Ferreiro explicó que el espíritu que inspira esta propuesta de reforma de la Ley General Tributaria es contar con una norma marco que sirva de base para la correcta gestión de los tributos estatales, al tiempo que intenta favorecer la resolución de los conflictos tributarios mediante la conciliación, el compromiso o los acuerdos.
Por su parte, Rodríguez-Ponga subrayó que las conclusiones del informe de los expertos se utilizarán para elaborar el anteproyecto definitivo, que el Gobierno prevé aprobar en marzo.
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