Los Estados miembros se comprometen, de esta forma, a establecer un sistema de intercambio de datos fiscales para permitir el control de los inversores que acogen procedentes de otros Estados miembros.
Tan sólo Luxemburgo, Austria y Bélgica escaparán a esta obligación, pero, eso sí, a cambio de aplicar unas retenciones sobre el ahorro de hasta un 35 por ciento.
Tras casi seis años de tentativas infructuosas, los ministros de Finanzas lograron , por fin, un acuerdo político para desbloquear la armonización de la fiscalidad del ahorro, la tributación de los intereses y cánones, y el código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas.
Los Quince han conseguido salvar las divergencias iniciales sobre la fiscalidad del ahorro a través de la creación de un sistema que permitirá la coexistencia del intercambio de información entre administraciones fiscales –fórmula que se aplicará en la mayoría de los Estados– con un mecanismo de retenciones del 35% sobre los rendimientos del ahorro que se aplicará en Austria, Luxemburgo y Bélgica.
A partir de enero de 2004, todos los países de la UE excepto, Bélgica, Luxemburgo y Austria, y “los territorios dependientes y asociados de la UE, -las antiguas colonias británicas y holandesas-, instaurarán el sistema de intercambio de información para comunicarse unos a otros el rendimiento del ahorro obtenido por los ciudadanos de otros países de la UE dentro de sus fronteras nacionales”, según palabras del comisario de fiscalidad, Frits Bolkestein.
Los otros tres Estados miembros –Luxemburgo, Bélgica y Austria– podrán conservar su actual régimen de secreto bancario pero, a cambio, “impondrán una retención a cuenta para los rendimientos del capital de los no residentes de otros países de la UE de hasta un 35%”. Para este grupo de Estados, el compromiso prevé una retención del 15% durante los tres primeros años, a partir de enero de 2004. En 2007 la retención pasará a ser del 20% y alcanzará el 35% a partir de 2010.
Sin embargo, se añade una cláusula que prevé la instauración definitiva del intercambio de información automático entre todos los Estados de la UE, si el Consejo lo acuerda, por unanimidad, y cuando el conjunto de “países terceros” –Suiza, Liechtenstein, San Marino, Andorra y Estados Unidos– se comprometan a aplicar un sistema similar de intercambio de datos tal y como recoge el acuerdo sobre fiscalidad alcanzado por la OCDE en 2002.
Las cantidades que retengan Luxemburgo, Austria y Bélgica se repartirán en dos paquetes: un 75%, que irá a parar a las arcas del país de origen del ahorrador; y un 25%, para el país que aplica esa retención.
Este acuerdo tiene aún que terminar de detallarse, de forma que pueda presentarse a los Quince para su adopción definitiva en el Ecofin que se celebrará en marzo de 2003.
Además, el acuerdo deberá ser ratificado en las mismas condiciones por Suiza y el resto de países implicados en la negociación debido a su opacidad fiscal, entre los que se encuentran Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San Marino.
Bolkestein rechazó hacer ningún comentario sobre la hipótesis de qué pasaría en el caso de que Suiza no aceptase definitivamente el acuerdo.
El comisario de Fiscalidad aseguró que tiene la certeza de que “Suiza esta dispuesta a combatir la evasión fiscal y creo que llegaremos a un acuerdo, aunque no tenemos que olvidar que Suiza es un país soberano”.
El Secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodriguez Ponga, declaró al concluir la negociación que se “trata de un acuerdo histórico que completa la Unión Económica y Monetaria, y evitará que el capital no se deslocalice por razones fiscales”.
El acuerdo, en principio, solo se aplicará a las rentas de capital de las personas físicas. Bolkestein, sin embargo, consciente de la posibilidad de que el ahorro busque cobijo en sociedades de inversión para eludir este nuevo esquema de intercambio de información tributaria, aclaró que no descarta la ampliación de la normativa para extenderla a este tipo de firmas y evitar posibles vías de fraude.
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