El titular del Fomento presidirá la segunda reunión de la Conferencia Sectorial sobre la materia, continuación de la celebrada en pasado 17 de diciembre, que concluyó con la solicitud de varias comunidades, entre ellas las seis gobernadas por el PSOE, de convocar un segundo encuentro con el fin de contar con tiempo suficiente de estudiar la propuesta oficial de Fomento.

No obstante, los representantes de las seis regiones socialistas acudirán al segundo 'asalto' sobre el Pacto del Suelo con la propuesta legislativa de Suelo alternativa que ha elaborado el PSOE y que contradice el espíritu de liberalización del mercado urbanístico que impulsa la presentada por el Ejecutivo.

Liberalización versus intervención

En concreto, la alternativa socialista en materia de suelo, en contra de la Ley de Suelo actualmente vigente -aprobada por el Gobierno del PP en 1998-, aboga por aumentar la intervención pública en urbanismo y modificar el sistema de cálculo de valoración de los terrenos para que excluya todos los elementos de especulación y de aspiración de revalorización futura de los mismos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera, y la secretaria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la ejecutiva del partido, Cristina Narbona, avanzarán hoy en rueda de prensa las líneas maestras de dicho proyecto que presentará íntegramente el miércoles, coincidiendo así con la reunión territorial.

Por contra, la propuesta oficial que Fomento presentó a los responsables autonómicos como cimiento a partir del cual comenzar a trabajar por el consenso, perseguía acabar con la discrecionalidad con que, a su juicio, actualmente cuentan los ayuntamientos a la hora dereservar suelos no urbanizables, concretando las características que deben tener los terrenos así calificados.

No obstante, el documento de partida del Ministerio se acercaba a la propuesta socialista en cuanto a la conveniencia de recomendar el uso preferente de suelos públicos para promover VPO y de modificar el sistema de cálculo de valoración.

Acuerdo político de mínimos

La intención de Fomento es alcanzar un "acuerdo de mínimos" que cada comunidad autónoma pueda después desarrollar en la medida que estime oportuno, en función de las necesidades y particularidades del sector urbanístico de su territorio.

Posteriormente, la voluntad del Ministerio es trasladar al Congreso el "acuerdo político" que surja de la Conferencia Sectorial sobre reformas y medidas para solucionar el problema del suelo, con el fin de introducirlas en el Real Decreto Ley de medidas de liberalización del suelo de 2000, cuya tramitación parlamentaria como proyecto de ley está paralizada desde entonces.