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Estrella Económica - Economía 

15 de enero de 2003  



Los empresarios temen ya que la inflación haga peligrar la competitividad y la confianza de la economía española

Sindicatos y oposición consideran "deplorable" la marcha de los precios y critican que esté restando poder adquisitivo a los ciudadanos

Estrella Digital

Madrid

Los empresarios temen que la actual marcha de los precios esté ya haciendo peligrar la competitvidad del aparato productivo español y merme la confianza de los agentes en las posibilidades de la economía. Es la advertencia que debajan caer ayer la CEOE y las Cámaras de Comercio tras conocer el dato de cierre de IPC del 2002. Para los sindicatos y la oposición política, que la inflación haya terminado el ejercicio en el 4% supone una gran pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos de la que culpan al Gobierno. Mientras, el PP insistía en analizar también otros datos más positivos, a su juicio, como el crecimiento de la propia economía y el empleo.

Para la CEOE el "2002 no ha sido un buen año para la evolución de los precios", debido principalmente a la introducción del euro, "con sus perniciosos efectos de redondeo", y a los "desequilibrios en los mercados del petróleo, a causa de los distintos conflictos en los países productores". La organizacón empresarial considera que el diferencial de inflación que mantiene España con la UE -1,8 puntos en noviembre y que el Gobierno no prevé acortar a final del año"- pone en peligro la competitividad del aparato productivo español".

En este sentido, reiteró ayer la necesidad de incrementar la productividad con "el esfuerzo empresarial, la moderación salarial, la mejora de las tecnologías de la sociedad de la información, la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la contención fiscal por parte de las Administraciones Públicas. A estos temores se ha apuntado también el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que advirtió de que el incumplimiento del objetivo de inflación puede mermar la confianza de los agentes sobre las expectativas económicas, además de incrementar la presión sobre el crecimiento de los salarios.

En un comunicado de prensa, las cámaras aseguran que esa situación aumenta los costes de las empresas y perjudica su competitividad en el exterior, algo a lo que también contribuye el aumento del diferencial de precios con la UE. Las cámaras aseguran que la mayoría de los factores que contribuyeron al alza de los precios en los últimos meses son coyunturales, y que cabe esperar una moderación del crecimiento de la inflación para esta primera parte del 2003, de modo que el ejercicio termine con un IPC inferior al 3%. Sin embargo, advierten al mismo tiempo de que las incógnitas no están despejadas porque existen riesgos como que se destine al consumo la renta liberada por el nuevo IRPF y las incertidumbres que rodean al mercado del crudo.

La responsabilidad del Gobierno

Al mismo tiempo, UGT pidió ayer explicaciones al Gobierno por lo que considera su "ineficacia" para controlar los precios, ya que, "no ha querido ni sabido combatir" las causas que han motivado el aumento de la inflación en el 2002. La organización que dirige Cándido Méndez parte, además, de que estas causas no son puntuales, sino estructurales, y advirtió de que el incumplimiento por cuarto año consecutivo de las previsiones que fija el Banco Central Europeo y asume el Gobierno, "condenan" a perder poder adquisitivo una vez más a los perceptores del salario mínimo interprofesional y los trabajadores que tienen como referencia dicha renta.

Para CCOO los resultados del 2002 son simplemente "deplorables", ya que todos los grupos, salvo el de las telecomunicaciones, presentaron incrementos que en su mayoría superaron "con creces" las subidas registradas en el resto de los países de la UE. Además, el sindicato recuerda las cifras de inflación de los últimos tres años y las considera "un desastre para la economía española". En esa misma línea crítica, el secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Benito López, apuntó que las previsiones que asume el Gobierno sobre precios son "una burla a los ciudadanos", además de "un sin sentido" que le perjudica.

El secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, apuntó en este sentido que la subida del 4% del IPC en el 2002 "certifica que las previsiones del Gobierno son cuentos que nada tienen que ver con la realidad del país ni con la de los ciudadanos". En su opinión, el Ejecutivo "no ha hecho ni hace nada, mientras los ciudadanos perdemos poder adquisitivo, las empresas pierden competitividad y España pierde peso y credibilidad entre los países de nuestro entorno". Además, consideró que el incremento de los precios "es el impuesto más injusto porque afecta a todos, con independencia de su nivel de renta, y perjudica más a quienes menos ingresos tienen".

Desde las filas de Izquierda Unida, su secretario de Economía, Salvador Jové, afirmó que el "descontrol" de los precios, junto al aumento del desempleo y el estancamiento de la economía, "destroza la propaganda oficial del Gobierno". En un comunicado de prensa, Jové dijo que el Ejecutivo hace un discurso triunfalista al que acaba imponiéndose una realidad que "desacredita" su política económica, ya que el crecimiento de la inflación, al que dice que han contribuido el aumento de tasas e impuestos indirectos, "prácticamente se ha comido la rebaja en el IRPF".

El PP pide analizar otros datos

Frente a todas estas críticas, el portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, subrayó que lo mejor que puede hacer el Ejecutivo ante un dato de IPC que reconoció que no fue positivo, es seguir con la política del equilibrio presupuestario y las reformas estructurales, al tiempo que pidió "más esfuerzos" a los empresarios para controlar la inflación, una necesidad, apuntó, que la propia CEOE ha reconocido. En cualquier caso, Pujalte subrayó que "conviene" analizar la cifra de inflación junto a otros datos positivos de la economía española, como el diferencial de crecimiento o la creación de empleo y se mostró convencido, frent a la opinión de los sindicatos y la oposición política, que en el 2002 no se ha producido una pérdida de competitividad de las empresas, ni de nivel adquisitivo de las familias.



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