En su fallo, el alto tribunal rechaza el modelo centralizado que la patronal CEOE, los sindicatos CCOO y UGT y la central nacionalista gallega CIG pusieron en marcha en 1992 con la práctica anuencia de todos los Gobiernos desde entonces. Pero como reconoce el propio ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, si era necesario descentralizar el sistema para respetar las competencias de las comunidades autónomas, más urgente resultaba terminar con un modelo de formación continua en las empresas que, a través de la Fundación Forcem, se ha convertido en una fuente permanente de escándalos sobre la utilización irregular de fondos públicos.
El anuncio de la extinción definitiva de la Forcem por parte del Gobierno coincide con tres hechos relevantes. El primero es la reciente denuncia del Tribunal de Cuentas sobre las presuntas irregularidades cometidas con los fondos de formación continua entre 1996 y 1998, por medio de la utilización de facturas falsas y otro tipo de amaños para justificar las subvenciones. En segundo lugar, la Audiencia Nacional está haciendo su propia investigación después de haber detectado un presunto fraude que algunas fuentes conocedoras de la instrucción del sumario sitúan en alrededor de cien millones de euros. Por último, tampoco hay que olvidar que la Comisión Europea ha abierto su propia investigación sobre el destino de parte de los fondos sociales europeos en España, alarmada por las irregularidades. El nuevo modelo de formación continua en las empresas que propone Trabajo tiene el buen sentido de arrebatar el poder en la gestión de los fondos a la patronal y a los sindicatos, que tan mal uso han hecho de los mismos.
El Ejecutivo plantea que sean las empresas directamente, y sin intermediarios, las que planifiquen, organicen y gestionen las acciones de formación, y que se deduzcan los gastos correspondientes a través de bonificaciones de las cotizaciones sociales, una vez recibido el visto bueno de la Administración. El Gobierno también se propone que sean las comunidades autónomas las que programen y gestionen, con los recursos económicos oportunos, la oferta de formación en sus respectivos territorios. No hay que olvidar que, en 2003, los presupuestos públicos destinarán al capítulo de formación 790 millones de euros. Aunque toda esta melodía suena bien y es, de hecho, una reforma de carácter estructural para rentabilizar al máximo la necesaria formación de los trabajadores, nada impide que vuelvan a aparecer nuevos casos de fraude en el futuro. Para evitarlo es básico que las administraciones se apliquen de una vez por todas en el control preventivo de los recursos y de sus destinatarios, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
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