Siete meses después de la jornada de huelga general del 20-J, Andalucía y Extremadura tienen una nueva convocatoría de paro, esta vez para la restitución del subsio agrario, el próximo 20 de febrero.

Ayer, en Mérida, CCOO y UGT rechazaron el nuevo sistema del ejecutivo e insitieron en la pérdida de derechos que supone para los jornaleros, considerando especialmente que el rechazo de la inserción laboral podría suponer la finalización del cobro de las prestaciones.

Los secretarios general de UGT, Cándido Méndez, y CCOO, José María Fidalgo, explicaron que antes del 20 de febrero habrá muchos actos de "información y agitación" y las movilizaciones se prolongarán después, como mínimo, hasta el uno de mayo, Día del Trabajo, en el que el subsidio agrario será el tema central del manifiesto sindical.

Reunión sin argumentos económicos

Fidalgo, que junto con Méndez, mantuvo una entrevista con el ministro de Trabajo el sábado, aseguró que el Zaplana no ofreció ningún argumento de tipo económico y social para defender la reforma del subsidio agrario y "habló de la imagen del Gobierno, que podría ser criticado por debilidad".

José María Fidalgo insistió en que "los sindicatos no negocian rebajas" y añadió que "si en España hay que modificar sistemas de protección, no es para recortar derechos, y menos de los más desfavorecidos".

El secretario general de UGT explicó que Zaplana insistió en una propuesta que no es nueva, la renta activa de inserción, que ya está en vigor desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 13 de diciembre.

Señaló que el sistema de protección de los desempleados del campo de Extremadura y Andalucía estaba "estancando", ya que los 233.700 perceptores que había en mayo de 2001 se habían reducido hasta 232.200 en el mismo mes de este año, justo antes de la reforma, y lo único que se estaba produciendo era un acceso de la mujer al mundo laboral "a través de este procedimiento", dijo.

14.900 rechazos

Cándico Méndez aseguró, además, que a 14.900 jornaleros se les había dado de baja o denegado el subsidio en septiembre pasado, según datos oficiales del INEM, que sigue sin dar los motivos habidos en cada caso a pesar de la petición de los sindicatos.

El líder de UGT predijo que a finales de este año habrá un 40% menos de beneficiarios, que ahora quedan sujetos a la beneficencia del Estado, pierden un derecho y se les "obstaculiza" a percibir en el futuro una pensión de jubilación, agregó.

Méndez valoró la "paciencia, comprensión y flexibilidad" de la que han hecho gala los sindicatos, ya que no sólo han respetado el plazo que les dio el ministro para obtener una respuesta a sus reivindicaciones, sino que además habían planteado al Gobierno prorrogar durante un año el PER y a la vez negociar posibles mejoras o cambios en este sistema.

Prueba también del talante dialogante de los sindicatos está, según dijo, en el acuerdo sobre siniestralidad laboral presentado por Zaplana el pasado viernes al término del Consejo de Ministros.

Oportunidad perdida

Fidalgo recalcó que el Gobierno ha perdido una gran oportunidad para acabar con un conflicto que es con el "movimiento sindical" y que no podrá cerrar con los presidentes autonómicos de Andalucía, Manuel Chaves, y Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en referencia a la entrevista que éstos han mantenían en ese momento en Madrid con el ministro de Trabajo.

La huelga general será en el campo, la industria y los servicios del mundo rural, pero no será una protesta "profesional", según precisó Fidalgo, quien anunció que en los próximos días se irán concretando el resto de movilizaciones.

Receptividad de los presidentes autónomos

Mientras los sindicatos se reunían en Mérida, en Madrid, los presidentes de Andalucía, Manuel Chaves, y Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se entrevistaban con el responsable de Trabajo para conocer de primera mano la nueva regulación.

Ambos presidentes autonómicos aseguraron que puede haber "aspectos positivos" en la propuesta sobre el subsidio agrario, pero expresaron la necesidad de analizar el documento antes de manifestar su postura. Por este motivo, celebrarán un nuevo encuentro en el plazo de diez días.

Ibarra y Chaves manifestaron a Zaplana la necesidad de mantener el sistema de subsidio "en los términos en que estaba vigente" y abrir "un proceso de negociación para mejorar el sistema", poniendo el énfasis en la formación profesional y la lucha contra el fraude.

Según el presidente andaluz, "si independientemente del nombre que se le aplique, el resultado es el mismo que existía hasta ahora, pero mejorado en cuanto a la disponibilidad de empleo, la formación profesional y la lucha contra el fraude, podremos estar en una posición favorable".