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El nuevo año trae consigo una auténtica revolución fiscal, con cambios en casi todos los impuestos estatales y modificaciones en la fiscalidad municipal. Todas las variaciones planteadas por el Gobierno, en muchas ocasiones con el respaldo de la oposición, como en el caso de los impuestos municipales, se ajustan al hilo conductor de la política fiscal del Partido Popular, que consiste en impulsar la actividad económica mediante una reducción de los gravámenes impositivos. Los impuestos se han convertido en uno de los señuelos electorales favoritos desde que el Gobierno constató que los beneficios aparentes en la renta de los ciudadanos movilizan el voto como ningún otro estímulo.
A fin de cuentas, los cambios en la forma de proveerse de recursos públicos y en cómo se redistribuyen éstos son la esencia misma de la política. Por tanto, el carácter electoral de bajar un impuesto o incrementar una inversión o una prestación social es consustancial al gobierno de lo público. Poca crítica puede sostenerse por este flanco, y menos cuando el principal partido de la oposición, así como los que gobiernan en las comunidades, han entrado en la misma batalla.
Pero esta cortina de humo no debe impedir ver otra cara de la realidad. La rebaja de los impuestos directos, sobre todo los ligados a los rendimientos del trabajo, trasmite la sensación, a veces engañosa, de que aumenta la renta disponible. Pero puede estar ocultando una ulterior subida (ya iniciada) de los impuestos indirectos, aquellos de imposición más indolora, que desembolsamos cada vez que ejercitamos el acto ineludible de consumir. Si no fuese así, sería imposible sostener la maquinaria del Estado, como se ha puesto de manifiesto, lamentablemente, cuando una desgracia como la del Prestige ha desbordado la capacidad de actuación de la iniciativa privada.
La idea defendida por el ministro de Hacienda, respaldada por el presidente del Gobierno y el ministro de Economía, es que ninguna modificación fiscal suponga subidas de impuestos que perjudiquen la actividad económica, sino que, al contrario, genere reducción de costes. Sin embargo, las últimas reformas cuestionan este objetivo. La eliminación parcial del impuesto sobre actividades económicas tiene lógica, puesto que es un tributo que se paga por el mero hecho de tener una actividad económica, pero ninguna base racional justifica que se mantenga para las grandes empresas y encima con recargo. En cuanto a la rebaja del IRPF, únicamente restituye las subidas ocultas que en los últimos años ha practicado el Gobierno al no deflactar la tarifa.
Los tributos en manos de los ayuntamientos, sobre los que a partir de ahora disponen de libertad de acción, se pueden convertir también en una nueva vía de presión fiscal añadida. Solamente la rebaja de la tasa de plusvalías reinvertidas en sociedades y las mejoras en la Ley de Mecenazgo constituyen vías de alivio impositivo para la actividad productiva. Un pobre estímulo para tan amplia reforma fiscal.
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