EL Gobierno da por sobreentendidas las ventajas que para España y sus ciudadanos presenta el desarrollo tecnológico asociado al concepto comúnmente denominado Sociedad de la Información. Entiende que es momento para hacer un diagnóstico de la situación actual y que esta Comisión, además, puede diseñar las líneas básicas de un plan de acción. Pero la Sociedad debe preguntarse qué puede esperar de esta Comisión tan solemnemente constituida.
Las Tecnologías de la Información (T. I.) han alcanzado un grado notable de desarrollo, precisamente en coincidencia con el renacer de una serie de valores asociados a la libertad individual y a la búsqueda del bienestar económico y social. Este es el aspecto esencial de todo el proceso y la fuerza motriz de su desarrollo. La tecnología no es más que una herramienta, por poderosa que sea.
La S. I. en realidad no es sino un modelo de relaciones sociales basado en el uso intensivo de estas tecnologías. Para su desarrollo no es suficiente resaltar sus ventajas e insistir en su importancia sino que es preciso establecer los mecanismos concretos para que toda la Sociedad, incluyendo la Administración y el resto de Instituciones Públicas coordinen sus esfuerzos en la misma dirección.
Es cierto que corresponde a los gobiernos el desempeño de una responsabilidad política y a la Administración la gestión de los recursos y procedimientos establecidos por aquél. Pero las T. I. poseen una potencia y vitalidad que las hace mucho más ágiles, potentes y asequibles y al asociarse a los valores de responsabilidad individual, libertad de expresión y acceso a contenidos culturales, sociales y económicos, escapan de los procedimientos burocráticos a los que son tan adictos los poderes públicos.
Si algo nos ha enseñado la experiencia de otros países es que el desarrollo de la S. I. exige a los Gobiernos que ajusten su acción e influencia exclusivamente a aquellos ámbitos a los que la iniciativa privada no alcanza, sin pretender controlar ni invadir los que son exclusivos de la sociedad civil.
A modo de contribución personal, se me ocurre realizar una serie de sugerencias con el único ánimo de que puedan contribuir al desarrollo de la S. I. en España:
1. No debe pretenderse que sea el Gobierno o la Administración quienes mediante acciones verticales construyan la S. I. Su propia naturaleza impone acciones múltiples desde todos los sectores sociales, económicos y culturales. Así se ha desarrollado Internet, uno de sus ejemplos más exitosos y emblemáticos. Incluso se puede afirmar que Internet ha sobrevivido al permanente atosigamiento de gobiernos y administraciones intervencionistas. Por lo tanto, la primera recomendación es que el Gobierno abra un debate público sobre esta cuestión y no se limite a esperar la recomendación erudita de esta Comisión. Es imprescindible abrir una consulta a través de Internet para que sean los ciudadanos e interesados quienes opinen, recomienden y aún exijan propuestas e iniciativas.
2. La S. I. no es más que una herramienta puesta a disposición de los ciudadanos del siglo XXI para incrementar su libertad y bienestar personal. Por este motivo el Gobierno debe trabajar con ahínco en crear las condiciones que permitan que todos sin excepción accedan a las ventajas de la S. I. En primer lugar, creando un marco regulatorio que permita el desarrollo de redes de comunicaciones sin favorecer o perjudicar alternativas tecnológicas concretas. También debe garantizar una cobertura tan amplia como sea posible y no dudar en invertir algunos recursos para abaratar el acceso cuando por razones geográficas o sociales éste resulte inalcanzable económicamente al ciudadano.
Esto impone una reflexión sobre el Servicio Universal y la conveniencia de que sea la propia Administración la que sufrague parte del coste. La experiencia de otros países y muy especialmente de los Estados Unidos, nos enseña que existen mecanismos para el desarrollo de infraestructuras en competencia que el Gobierno debe impulsar al objeto de eliminar las barreras de acceso a muchos ciudadanos. Para ello deben estudiarse iniciativas de carácter fiscal y subvencionar sin reparos el acceso para las escuelas, colegios, institutos, universidades, bibliotecas y otros centros sociales.
3. La acción del Gobierno puede ser también clave en dos aspectos complementarios: El primero, mediante la aportación de contenidos y servicios interesantes para los ciudadanos que contribuyan a despertar el interés de éstos por la utilización de la tecnología. El segundo, facilitando la tramitación electrónica de todas las gestiones administrativas e impulsando un modelo educativo que haga un uso intensivo de la T. I. Ello permitiría además, un efecto multiplicador hacia la Sociedad Civil incrementando la demanda de servicios avanzados. Ello producirá un empujón inversor por parte de las empresas en el intento de canalizar los flujos económicos ocasionados por esta demanda. En definitiva, una línea de acción esencial para el Gobierno es la de poner en Internet todos los contenidos públicos y permitir a los ciudadanos que cuantas gestiones con la Administración formalmente no requieran presencia física se puedan canalizar a través de las T.I.
4. Es también responsabilidad del Gobierno contribuir a mejorar la productividad y la competitividad de la Sociedad Española y ello sólo puede venir a través de la modernización de la Empresa. Teniendo en cuenta que el tejido empresarial español es mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas, es importante facilitar el acceso de éstas a la tecnología y a su uso cada vez más intensivo. Para ello deben crearse mecanismos específicos que lo incentiven fiscalmente así como adaptar los procesos administrativos a la nueva realidad tecnológica. Ello implica modernizar la Legislación incluyendo el régimen de sociedades, el derecho mercantil y el laboral.
En definitiva, no se trata de impulsar y promocionar la Sociedad de la Información como un fin en sí mismo sino como vía y mecanismo para incrementar la libertad y el bienestar de los españoles. Es éste un reto de primera magnitud que España debe acometer con carácter inmediato.
Ingeniero superior de telecomunicaciones.
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