Bruselas urgió ayer al Gobierno de José María Aznar a incrementar el fondo de garantía de pensiones creado en 1999, a retrasar la edad de jubilación y a aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral. En un informe sobre la reforma de los sistemas de pensiones en la UE, la Comisión lamenta, además, que España no haya reformado los mecanismos de jubilación anticipada para incentivar la prolongación de la vida laboral.
Los jubilados en España, según la CE, disfrutan de un nivel de vida alto y los riesgos de pobreza para los mayores de 65 años son bastante menores que en países como el Reino Unido, uno de los pioneros en los sistemas de pensiones privados.
Pero en España, añade el organismo comunitario, existe actualmente un jubilado con derecho a pensión por cada cuatro trabajadores activos, la proporción será de uno a tres en 2020 y la carga se habrá doblado y la proporción será de dos jubilados por cada tres trabajadores en 2050. 'Un enorme desafío a la sostenibilidad financiera del sistema', advierte la Comisión.
Bruselas considera que las reformas de la Seguridad Social realizadas desde el Pacto de Toledo en 1995 y la creación en 1999 de un fondo de reservas, que ya cuenta con 6.000 millones de euros, 'son pasos en la buena dirección (...), pero parece que se quedarán cortos para atender el desafío'.
España se enfrenta, según la Comisión, a un cóctel que combina la baja natalidad, una tasa de empleo siete puntos por debajo de la media europea (56,3% frente al 63,9%), jubilaciones tempranas (la edad media se sitúa en torno a los 61 años) y un elevado desempleo (sobre todo entre mujeres y mayores de 55 años). La explosión del gasto público en pensiones puede desencadenarse a partir de 2015, último año para el que el Gobierno español ha presentado previsiones en Bruselas.
El Gobierno, señala la Comisión, 'no presenta estimaciones más allá de 2015 y por tanto no cubre el periodo en el que se producirá el principal impacto de los desequilibrios demográficos'. Pero la espoleta, aunque se oculte, sigue ahí, incluso 'si se cumplen las perspectivas más optimistas en cuanto a evolución del empleo'.
Las estimaciones comunitarias prevén que el gasto público en pensiones pase del 9,4% del PIB en el año 2000 al 17,3% en 2050. 'Éste es uno de los mayores incrementos de toda la UE', advierte la Comisión. Sólo Grecia registra un deterioro más grave, con un aumento del gasto hasta el 24,8%.
'Una crisis financiera y de reducciones draconianas de las futuras pensiones podrá evitarse si se incrementan los niveles de empleo, especialmente en la generación de personas de 58 a 62 años, y si se adoptan a partir de ahora políticas prudentes en materia fiscal y presupuestaria para que los Estados miembros estén en mejores condiciones de hacer frente a las pensiones futuras', según el informe de la Comisión.
Advierte que no todos los países han adoptado una estrategia global que les permita afirmar que están preparados para hacer frente al reto del envejecimiento.
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