El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, presidirá mañana la esperada Conferencia Sectorial de Vivienda, a la que ha convocado a los representantes de urbanismo de las distintas comunidades autónomas con el fin de alcanzar un Pacto Estatal sobre Suelo que permita aumentar su oferta en el mercado, reducir su precio y contribuir así a atajar el encarecimiento de la vivienda. La intención de Álvarez-Cascos es abordar posteriormente un encuentro similar con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), dado que son los ayuntamientos los que ejecutan los planes urbanísticos dictados por las comunidades autónomas a través de sus correspondientes Planes de Ordenación Urbana.

El Pacto de Suelo es uno de los principales compromisos con los que el PP concurrió y ganó las últimas elecciones generales, y ha sido reclamado en repetidas ocasiones por el propio jefe del Ejecutivo, José María Aznar. La convocatoria de la Conferencia Sectorial parte de la celebración de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado el pasado mes de abril, en la que los representantes de las distintas regiones asumieron la necesidad de solucionar el problema del suelo.

No obstante, la conferencia se enmarcará en el debate abierto en los últimos meses sobre el encarecimiento de la vivienda y las dificultades que actualmente existen para acceder a este bien, provocado por el repunte de la subida de la vivienda libre, que se encareció un 17,6% en el tercer trimestre del año, frente a las subidas medias del 15% que venía registrando.

El precio del suelo, que ha subido un 120% desde 1998, constituye, según Fomento, uno de los principales factores que han incidido en la subida del 58% que acumula el precio de la vivienda en estos cinco últimos años. Ante esta situación, tanto portavoces del Partido Popular como de la oposición impulsan medidas e iniciativas sociales para lograr liberalizar suelo urbanizable e incentivar la vivienda de alquiler, aunque las fuerzas políticas discrepan tanto en los datos como en la política de vivienda a aplicar.

Álvarez-Cascos considera que las comunidades están muy "sensibilizadas" y confía en su "cooperación" para llegar a un Pacto del Suelo. La tesis del ministro es que la normativa establece reducidas atribuciones al Estado, ya que las competencias de gestión de urbanismo y suelo recaen en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. El Consejo de Ministros del 11 de enero aprobó el Plan Vivienda 2002-2005, que fija ayudas sociales y recursos financieros, con un gasto de 3.380 millones de euros para hacer unas 400.000 actuaciones en materia de vivienda protegida, rehabilitación y suelo.

Además, los ministerios de Economía, Hacienda y el propio Departamento de Fomento coordinan otras medidas que afectan a la política de suelo y vivienda. Así, se han establecido modificaciones en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del 2003 sobre la Ley de Patrimonio, de forma que pueda enajenarse suelo público sin limitaciones, así como otras medidas de carácter fiscal introducidas en el nuevo IRPF, la Ley de Arrendamientos Urbanos o el IBI.

Más suelo y más control

Una comisión interministerial integrada por representantes de Fomento, Economía y Hacienda ha estado trabajando en la elaboración de un conjunto de medidas que se propondrán a los responsables regionales en la materia con el fin de flexibilizar el mercado urbanístico. Dichas iniciativas pasan por obtener el compromiso de las comunidades, que ostentan las competencias en materia urbanística, de imprimir un carácter más liberalizador a sus respectivas legislaciones sobre suelo, así como por agilizar los trámites administrativos y burocráticos asociados a la urbanización, como los derivados de la obtención de licencias de construcción.

En cualquier caso, el PSOE y los representantes de los gobiernos autonómicos que presiden los socialistas —Baleares, Andalucía, Asturias, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha- han condicionado su adhesión al referido pacto a que éste incluya el compromiso del Gobierno a destinar a construcción de VPO el suelo propiedad del Estado que quede desafectado de su uso. A la espera de ver resultados en la reunión de mañana, comunidades autónomas como Cataluña o Castilla-La Mancha ya impulsan medidas fiscales concretas mientras la Junta de Castilla y León y cincuenta ayuntamientos y diputaciones de la región han firmdo el primer pacto autonómico que recoge 17 medidas para abaratar el suelo y la vivienda, así como facilitar el acceso a la misma para los más necesitados.

Algunas comunidades irán también con peticiones concretas a la reunión con Fomento. Es el caso de la Junta de Andalucía, que mañana exigirá al ministro que cumpla los compromisos asumidos en el Plan de Vivienda y destine fondos a 5.075 VPO de nueva construcción ya calificadas como tales por el Ejecutivo andaluz y que no cuentan con financiación. Fomento se comprometía en la "reserva de eficacia" incluida en el Plan de Vivienda a posibilitar que las comunidades "más activas" avanzaran por encima de las previsiones anuales "a cargo de recursos no asignados territorialmente". De acuerdo con los datos facilitados por el propio ministro en su última comparecencia parlamentaria, Andalucía y Valencia, con 8.350 y 6.852 viviendas protegidas, respectivamente, son las comunidades "más adelantadas" en el cumplimiento del actual Plan de Vivienda.

Factores para el encarecimiento de precios

Más allá de la polémica entre partidos, todos los agentes que intervienen en el suelo y la vivienda coinciden en que el aumento del precio procede de una "conjunción de factores" entre los que se encuentran la demanda, el dinamismo de la economía, el crecimiento de la renta nacional (un 23,9% desde 1996) que favorece la convergencia europea (España se ha acercado a la UE en cinco puntos durante este periodo), así como la creación de empleo y la bajada de los tipos de interés.

Sin embargo, para el Gobierno el comportamiento de los mercados bursátiles no ha sido un factor determinante en el aumento del precio de las viviendas, tal y como ha subrayado en una reciente respuesta parlamentaria. En repetidas ocasiones las asociaciones de consumidores y la oposición han venido adviertiendo sobre el traslado de inversiones hacia la vivienda que se está produciendo ante los malos tiempos que corren para la Bolsa. Pero el Ejecutivo prefiere ceñirse a los factores ya citados, y añade otros datos, como el aumento continuado del número de hogares que, a partir de 1996 ha sido de una media de 250.000 por año, muy superior a la de años anteriores.