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La constatación de la existencia de cuentas opacas en el ya extinguido Banco Privanza y más recientemente en la filial española del HSBC ha espoleado a la Agencia Tributaria para tomar medidas para tratar de evitar sangrías fiscales de esta naturaleza. La más significativa ha sido la de pedir a los bancos que operan en el territorio nacional la identificación de todas las cuentas abiertas en los últimos cuatro años. La petición incluye, por primera vez, tanto las cuentas en las que no se haya producido ninguna retención fiscal -hasta ahora al margen del control de Hacienda- como aquellas que los propios bancos hayan podido poner a disposición de los clientes.
Otra novedad es que el requerimiento afecta a los titulares de las cuentas residentes en el territorio nacional. En la práctica, Hacienda centraba sus actuaciones inspectoras en este terreno básicamente en los ciudadanos no residentes. De hecho, el 1 de enero próximo entra en vigor una nueva disposición que permitirá a la Agencia Tributaria reclamar a los bancos la identificación de las cuentas de los ciudadanos no residentes aunque no estén sometidas a retención.
Que la actuación de Hacienda haya obedecido a la presión política suscitada por la aparición de casos de supuestos fraudes con cuentas opacas incómodos para el Gobierno no anula el acierto de la iniciativa. Es evidente que la ofensiva desatada por la Agencia tiene mucho de oportunista, pero no es menos cierto que la mala conciencia generada en las entidades financieras ante los recientes escándalos ha abierto una brecha en la tendencia natural de la banca a cuidar más los intereses de sus clientes que los de la Hacienda pública que ésta ha sabido aprovechar.
Resulta clarificador que, pese a que las exigencias de información cursadas a los bancos de forma escalonada desde el verano pasado tuvieran un respaldo legal más bien endeble, las entidades financieras se hayan comprometido a contestar y, lo más importante, a no recurrir. En puridad, Hacienda carece todavía de la habilitación legal pertinente para poder solicitar toda la información que ha reclamado. En principio, siempre que no haya modificaciones de última hora -tan queridas y utilizadas por este Gobierno-, la Administración tributaria no dispondrá de ella hasta el año que viene, una vez que entre en vigor la nueva Ley del IRPF.
Desde el punto de vista de los contribuyentes, esta iniciativa de Hacienda resulta plausible, siempre que ello no conlleve una criminalización de la actuación de los bancos. Intentar cortocircuitar las redes por las que se evaden los impuestos, generalmente a través de cuentas opacas en paraísos fiscales, no sólo es reponsabilidad de Hacienda, sino que es su obligación. Ahora está por ver, una vez conseguida la información solicitada, la eficacia de la Administración para efectivamente detectar y poner coto a una práctica dolosa más generalizada de lo que se quiere admitir.
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