Los últimos pactos cerrados por Hacienda para intensificar el acceso a datos financieros y económicos de los contribuyentes se suman a este convenio para cerrar la pinza contra el fraude.
Hacienda y Trabajo coordinarán sus investigaciones para actuar conjuntamente contra los contratos ilegales, impagos en las retenciones y el resto de infracciones de las empresas en materia fiscal y laboral.
Las empresas tendrán cada vez más complicado conseguir eludir el pago de las cotizaciones sociales, recurrir a ocultar salarios al Fisco por medio de pagos en negro o el abuso de los contratos temporales. La carrera del Gobierno por endurecer el control del fraude en las compañías sigue a pleno ritmo. Tras más de cinco años de fuertes procesos de informatización de la Agencia Tributaria y del cuerpo de Inspección del Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo ha decidido unir las fuerzas de estos dos equipos en la persecución del fraude fiscal y laboral.
El convenio cerrado ayer entre Hacienda y Trabajo, por el que se estrechan los lazos de sus dos equipos de investigación, supondrá de esta forma la unión de los dos cuerpos más poderosos de persecución de las infracciones empresariales. El acuerdo permitirá no sólo que los inspectores de ambos departamentos accedan a toda la información recabada por la Administración en materia fiscal y laboral, sino también que realicen operaciones conjuntas con el propósito de incrementar la eficacia de sus inspecciones.
Cotizaciones
Los focos de actuación se centrarán en el control de las cotizaciones a la Seguridad Social que deben realizar las empresas por sus empleados. Fuentes de la Agencia Tributaria destacan que habitualmente el incumplimiento en el pago a la Seguridad Social suele ir de la mano de una infracción fiscal, con lo que el mero cruce de los datos permitirá poner a la luz grupos de contribuyentes con elevado riesgo de infracción.
Contratos laborales
El control de la legalidad en las contrataciones, así como la detección de los focos de actividad oculta –economía sumergida– también figuran en la agenda de actuación de los inspectores de Trabajo y Hacienda. La Agencia Tributaria ha detectado ya, gracias a sus últimas iniciativas, una lista de 100.000 contribuyentes sospechosos de uso de dinero negro. Estos datos, al igual que los procedentes de nuevas actuaciones, serán filtrados en los dos cuerpos inspectores para detectar posibles negocios opacos.
Retenciones fiscales
Las bases de datos almacenadas por los dos departamentos serán cruzadas para afinar la detección de las empresas más proclives o falsear el pago de las retenciones fiscales de sus empleados. El sistema informático de la Agencia Tributaria, al que el Gobierno destina una inversión anual de 60 millones de euros y que ha sido catalogado, por la consultora Accenture, como el sistema informático más poderoso de cualquier administración mundial, será el encergado de este chequeo de datos.
Despido e indemnización
El control de los historiales completos de las nóminas y de los contratos de alta dirección permitirá a Hacienda comprobar el fraude en el pago de las indemnizaciones pactadas por despido. Trabajo mejorará, además, la posibilidad de descubrir algunos focos de fraude que se han difundido en los últimos años, como el pago de parte de los compromisos pactados por despido a través de los incentivos fiscales de los sistemas de previsión social.
Fórmulas retributivas
Los nuevos esquemas de retribución, principalmente a través de pagos en especie, también podrán ser controlados con más eficacia gracias al convenio entre Hacienda y Trabajo. La entrega de coches, viviendas o material informático, el pago de dietas o los planes de formación, por ejemplo, se podrán chequear a la luz de la actividad y residencia real de los empleados para comprobar la veracidad de los datos declarados por la empresa y el trabajador.
Datos financieros
La pinza contra el fraude se cierra con los nuevos acuerdos a los que ha llegado Hacienda para aumentar su flujo de información económica y financiera de los contribuyentes. El aumento del intercambio de datos con el Banco de España –donde las entidades financieras tienen la obligación de depositar la información relevante a efectos tributarios de sus clientes– permitirá rastrear los movimientos económicos de empresas y particulares. Los acuerdos facilitarán, además, el chequeo de tarjetas de crédito y de transacciones a través de servidores de Internet.
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