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EXPANSIÓN - ECONOMÍA   

28 de noviembre de 2002    


Gibraltar deberá desmantelar su paraíso fiscal antes de 2006

Ramón R. Lavín - Bruselas

Bruselas ha exigido a Reino Unido que el régimen fiscal que tienen las sociedades exentas situadas en Gibraltar, que no pagan ningún impuesto por beneficios, debe desaparecer antes de diciembre de 2005.


Reino Unido debe hacer públicas antes de enero de 2003 las medidas que va a tomar para acabar con ese régimen.

La Comisión Europea explicita que el régimen de las sociedades exentas vigente en Gibraltar –empresas que no pagan ningún impuesto en concepto de beneficios y que solo tiene que pagar un pequeño impuesto anual– es una ayuda de Estado, por lo que debe desaparecer antes de finales de 2005.

Las empresas exentas son sociedades de servicios financieros domiciliadas en Gibraltar que habitualmente no efectúan ninguna actividad comercial o empresarial en Gibraltar. Sólo tiene que pagar un impuesto anual, que oscila entre 350 euros y 500 euros.

Los gibraltareños y los residentes en Gibraltar no pueden tener participaciones en esas sociedades.

La Comisión estima que ese régimen constituye una ayuda de Estado a esas sociedades porque las exime del pago de impuestos y les otorga unas ventajas que no tienen otras sociedades sujetas al régimen general del impuesto sobre sociedades en Gibraltar, cuyo tipo estándar se sitúa en el 35% sobre los beneficios. Este beneficio se financia además con recursos del Estado y es susceptible de falsear la competencia.

En su comunicación a Reino Unido, la Comisión obliga al gobierno de ese país a que adopte las medidas oportunas para que no se aplique ese sistema a las nuevas empresas y que desaparezca finalmente a más tardar en 2005.

Además, Reino Unido debe hacer publico antes de finales de enero de 2003 las medidas que piensa adoptar para derogar ese régimen fiscal.

El régimen de las sociedades exentas forma parte del sector off-shore de Gibraltar junto con el régimen de sociedades cualificadas, que están siendo ahora objeto de una investigación por parte de la Comisión que estudia si ese régimen es compatible con la normativa comunitaria. España ha denunciado estos regímenes varias veces.



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