Cualquier decisión que tenga que ver con el terreno tributario despierta expectación y es sujeto de interpretaciones dependientes de la incidencia que provocan en cada uno de los afectados. Así está ocurriendo con el impuesto sobre actividades económicas (IAE), ampliamente aplaudido, por mucho que provoque incertidumbres en muchos ayuntamientos que todavía no saben cuáles son los mecanismos mediante los cuales van a recuperar los ingresos que hasta ahora procedían del impuesto citado.
Lo que me interesa resaltar es que no se trata de una eliminación, sino de una reforma, mediante la cual una gran mayoría de los afectados, alrededor del 95%, se verán eximidos de esa carga, que por tanto seguirá vigente para un 5% de las empresas. Se produce un cambio en la naturaleza del impuesto que ya no gravará la actividad económica, sino algunas actividades, por lo que incluso estará obligado a cambiar de denominación.
El mantenimiento de este impuesto residual no me parece un acierto porque tiende a consolidar una tendencia ampliamente instalada, aunque escasamente perceptible en la conciencia social, que podría identificarse lisa y llanamente con 'que pague el grande'. Concepción esta que suena muy bien, que puede recoger muchos aplausos y que incluso hace aventurado argumentar en sentido contrario. La aparición de impuestos específicos en función del tamaño viene a sumarse al espíritu que sigue la concesión de ayudas de cualquier tipo, que ha dado lugar a una de las clasificaciones más artificiales y arbitrarias que conozco, la de las empresas pequeñas, medianas y grandes.
No me consuela el hecho de que este modo de hacer tenga carácter universal, porque creo que no ayuda al objetivo de lograr un tejido empresarial consolidado y con proyección de futuro.
En el fondo de este enfoque parece existir un mensaje implícito cargado de negatividad: si no creces, si no te desarrollas, tendrás un trato especial, pero sólo si permaneces como estás, porque en el momento que aumentes de tamaño te incorporarás a los del 5%. El carácter desmotivador, desincentivador, del crecimiento resulta patente.
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Las decisiones que se fundamentan en la discriminación en función del tamaño conllevan al menos dos factores negativos
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Tanto en la actuación de los políticos como en la concepción popular parece existir el convencimiento de que los grandes pueden y los pequeños no, identificando de modo simplista e inequívoco rentabilidad y tamaño. Cualquier análisis mínimamente objetivo nos revela lo erróneo de esta identificación.
El error parte de la consideración de la rentabilidad en términos absolutos, en cuyo caso las empresas de mayor tamaño consiguen por regla general un mayor nivel de beneficios. Pero esta forma de medir es poco significativa y sólo adquiere sentido si la cifra absoluta se pone en relación con algo, ya sea la cifra de ventas, el número de puestos de trabajo, el valor de los activos, etc., en cuyo caso la afirmación de partida -el grande puede- resulta matizable.
De ahí que el recurso habitual de recurrir al tamaño para determinar la afectación de impuestos o el acceso a cualquier programa de apoyo, resulta injustificable, salvo por razones políticas o, mejor dicho, electoralistas. En todo caso las motivaciones son de dudoso carácter ético.
Pero además creo que entran en contradicción con otros objetivos perseguidos como el de atraer empresas importantes, para lo cual se realizan esfuerzos cuantiosos en dura pugna con otros países que persiguen la misma finalidad. Pugna que se reproduce dentro de cada Estado entre las diferentes regiones.
Conociendo el papel tractor que realizan las grandes empresas, la implantación de cualquiera de ellas produce un florecimiento de industrias auxiliares que multiplica el efecto directo, los políticos ponen todo el empeño y los medios de que disponen para atraer grandes inversiones.
Pero no basta con alcanzar el objetivo de implantación de empresas singulares, hay que mantener las condiciones de partida para seguir justificando la bondad de la decisión de instalación adoptada, evitando las modificaciones que si bien aisladas pueden no resultar determinantes, en conjunto acaban configurando un panorama que revaloriza otros espacios alternativos.
En las decisiones que se fundamentan en la discriminación en función del tamaño hay que considerar al menos dos factores negativos, la desmotivación que producen en el camino de la concentración empresarial y el crecimiento y el estímulo que provocan en quienes no tienen otras raíces en el territorio a repetir la historia que ya vivieron en la búsqueda de nuevos emplazamientos.
La movilidad empresarial es una característica de nuestros tiempos, cuyo único antídoto consiste en mantener las condiciones de ventaja que en su día dieron lugar a la elección del territorio, aunque los elementos que configuran la competitividad de ese espacio hayan evolucionado.
Pequeño, mediano y grande, desde una visión tributaria o de programas de apoyo de cualquier tipo, deberían constituir categorías irrelevantes, aunque reconozca que sustituirlas quizá exija un esfuerzo intelectual excesivo. Lo pequeño goza de buena prensa -no hay más que recordar el éxito que alcanzó el 'Small is beautiful'-, pero la protección de lo pequeño por el hecho de serlo genera culturas que en nada contribuyen al progreso de una sociedad.
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