Las noticias son productos de usar y tirar, de acuerdo, pero algunas se saltan las reglas del consumo y permanecen en la cabeza más tiempo del autorizado. Me acuso de no haber digerido aún el descubrimiento de que si usted tiene una licorería no puede hacer las leyes que regulan la distribución del alcohol ni, si es vampiro, las que regulan el comercio de la sangre. Parece de sentido común, pero no nos habíamos dado cuenta hasta la semana pasada, quizá porque si eres congresista y te toca legislar sobre drogas, te ponen una droguería. La revelación de cómo funcionan las incompatibilidades debería haber sido un escándalo, pero no ha pasado de mero incidente gracias al abotargamiento general. Viva todo.

Descubierto el pastel cuando Fernando López-Amor, solo o en compañía de otros, estaba a punto de meter sus manos públicas en la masa privada de Inmobiliaria Chamartín, tenemos todo el derecho a sospechar que casos como el suyo son más frecuentes de lo que deberían. El asunto tiene su importancia porque si quienes han legislado, por ejemplo, sobre la eutanasia hubieran sido al mismo tiempo consejeros en Funespaña, la muerte sería ahora mismo obligatoria. No crean que la cosa se ha quedado en testamento vital por razones morales ni monsergas de ese estilo, sino porque las funerarias no tuvieron la vista de fichar a los parlamentarios encargados de elaborar la ley (tampoco se me quejen los de Funespaña, que, gracias a la privatización de los muertos, se han forrado con una empresa que les costó veinte duros).

Gescartera, si ustedes se acuerdan, fue una estafa de miles de millones que saltó por un exceso de confianza de los mafiosos en sus protectores políticos. Lo normal es que los cables por los que circula la electricidad pública y la privada estén aislados. Y lo estaban, pero les metieron más tensión criminal de la que podían soportar y las chispas del cortocircuito consecuente chamuscaron al mismísimo ministro de Hacienda. Lo que nos preguntamos ahora es con qué clase de cinta aislante repararon el estropicio para que más de un año después de que saltaran los fusibles sólo uno de los imputados esté en la cárcel y el proceso judicial continúe estancado.