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La Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), que agrupa a numerosas empresas de intermediación del sector inmobiliario, trabaja en distintos frentes para conseguir la supresión del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que grava un 7% la compra en las segundas y ulteriores transmisiones de vivienda. Lo consideran un impuesto sin otro fundamento que el puramente recaudatorio, que penaliza la compra de viviendas usadas y dificulta la movilidad laboral.
'La vivienda tiene ya otros impuestos como el de plusvalía municipal y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)', explica Calixto Corral, miembro del consejo de AEGI. 'En la asociación entendemos que el primero es un impuesto justo, dirigido al incremento de patrimonio. También entendemos que es razonable y justo que se pague el IBI'. 'Pero el impuesto de transmisiones patrimoniales es una injusticia, cuya única razón es la recaudatoria y que, por contra, encarece la vivienda'.
'Pero es que incluso el impuesto sobre el valor añadido grava un 7% la compra de vivienda de nueva construcción, se paga una sola vez', continúa Calixto Corral. De ahí que el directivo de AEGI advierta que 'es la propia Administración la que nos está diciendo que no está bien que el ITP tribute tantas veces', tantas como las que se transmite la vivienda.
Las empresas de asesoramiento, gestión e intermediación inmobiliaria agrupadas en AEGI verían como mal menor 'que el ITP fuese solamente aplicado a ese tramo por el que no tributó anteriormente', indica Corral. En este supuesto, una vivienda adquirida en su momento por 180.000 euros y que posteriormente fuera vendida por 240.000 tributaría por 60.000 euros, no por el total de la venta cada vez que cambie de propietario.
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