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EXPANSIÓN - ECONOMÍA   

6 de noviembre de 2002    


El Gobierno aumentará el control sobre las empresas que reciben subvenciones

Expansión Directo

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, anunció que las empresas que reciban subvenciones de más de 600.000 euros anuales o que en un año contraten obras con públicas por encima de la cifra, tedrán que ser auditadas.


Rato indicó, en la presentación de la propuesta del Código de Sociedades Mercantiles, que en el caso de la contratación de obras con la Administración, se auditará la compañía siempre que los ingresos derivados del convenio superen la mitad de su cifra de negocio.

Asimismo, tendrán que ser auditadas las empresas individuales y las sociedades colectivas que, a pesar de superar los límites cuantitativos establecidos en la legislación vigente para las sociedades mercantiles y sociedades cooperativas, estaban exentas de auditoría por razón de su forma jurídica.

Estas normas se recogerán en un reglamento, en fase de preparación, que se enmarcará en la reforma y desarrolo de la Ley de Auditoría de Cuentas para potenciar el rigor en las auditorías y la transparencia de la información financiera, principalmente de las empresas bajo control de la administración o que tengan relaciones mercantiles con ella.

Rato indicó que la propuesta de Código de Sociedades Mercantiles, elaborada por la ponencia especial de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, es "un documento para el debate", cuyas ideas deberán ser "reconsideradas a la luz de otras iniciativas legislativas" en la Unión Europea y en España. En este sentido, aludió a los avances de la comisión Winter para los mercados de valores y la transparencia empresarial.

Por su parte, José María Michavila, ministro de Justicia, explicó que con esta iniciativa comienza un proceso de diálogo con todos los sectores interesados que se materializará en un anteproyecto de ley para la reforma del Derecho Mercantil el primer trimestre de 2003.

Los dos ministros destacaron la importancia de introducir un nuevo régimen para las sociedades que cotizan en bolsa, con el objeto de impulsar la protección de los derechos de los accionistas.



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