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ANDALUCÍA ESTADÍSTICA DE LA NOTICIA
Jueves, 31 de octubre de 2002

La 'rebaja fiscal' del presupuesto de 2003 supone 88 millones de euros

Dos millones de contribuyentes podrán acogerse a las nuevas medidas

EL PAÍS | Sevilla

Las medidas fiscales que la Junta ha incluido en la denominada Ley de Acompañamiento del proyecto de Ley de Presupuestos para 2003, en aplicación de su capacidad normativa, supondrán un beneficio de 88 millones de euros para los más de dos millones de ciudadanos que pondrán acogerse a ellas, según informó ayer la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, tras entregar el documento al presidente del Parlamento.

La consejera de Economía explicó el contenido de la denominada Ley de Acompañamiento, donde se recoge, como principal novedad, la inclusión de una serie de medidas con las que la Junta ejercerá por primera vez la capacidad normativa sobre sus tributos.

En líneas generales, se reforzará el carácter redistributivo de la fiscalidad autonómica, mediante la mejora del tratamiento de los contribuyentes con rentas bajas y medias, y el establecimiento de incentivos para las familias, los jóvenes y las mujeres, tanto en los impuestos indirectos como en la cuota autonómica del IRPF. Asimismo, se complementará desde el punto de vista fiscal las políticas de bienestar social y apoyo a los emprendedores, especialmente el Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas y la reciente reforma del Plan Andaluz de Vivienda.

De acuerdo con estas medidas, la Junta de Andalucía aplicará deducciones en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el fin de mejorar el tratamiento fiscal de las familias con hijos, facilitar el acceso a la vivienda y apoyar las iniciativas empresariales de los jóvenes y las mujeres, entre otros objetivos.

Entre las deducciones previstas, destacan las que se dirigirán a los perceptores de las ayudas recogidas en el Decreto de Apoyo a las Familias para aliviar la carga fiscal por cada hijo menor de tres años y por cada hijo en caso de parto múltiple. También se establecerán beneficios fiscales, adecuados al nivel de renta, para reducir costes en la adquisición de viviendas por parte de jóvenes y para facilitar la rehabilitación y el alquiler.

Primera actividad

Respecto al apoyo a las iniciativas empresariales, la Ley de Acompañamiento incluirá dos deducciones sobre el IRPF, actualmente inéditas en el resto de las comunidades autónomas. La primera de ellas se destinará a favorecer el inicio de la primera actividad empresarial de jóvenes menores de 35 años. La segunda se aplicará a las mujeres emprendedoras con el fin de promover la mayor participación de este colectivo en la vida económica.

Otro impuesto directo autonómico que se modificará será el de Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de incluir en este ámbito fiscal a las parejas de hecho y a las situaciones de acogimiento familiar.

En cuanto a la fiscalidad indirecta, la principal modificación afecta al impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, en el que se equipararán fiscalmente las transmisiones civiles y las mercantiles para reducir a la mitad los costes tributarios en la adquisición de viviendas por parte de jóvenes y de personas con rentas bajas y medias.

Otras novedades recogidas en la Ley de Acompañamiento se refieren a las tasas en turismo, para motos náuticas y embarcaciones de recreo; en cultura, en relación con servicios administrativos sobre propiedad intelectual; en salud, sobre inspección en carnes frescas de aves de corral y conejo, y en obras públicas, tasas para la ordenación de transportes mecanizados por carretera.

Asimismo, la Ley de Acompañamiento recoge un reforzamiento del control sobre las empresas públicas y medidas para agilizar y hacer más efectiva la ejecución presupuestaria. De igual manera, se contempla una modificación de la Ley del Consejo Consultivo, en el sentido de que el plazo para la tramitación de posible reforma del Estatuto de Autonomía y de los anteproyectos de Ley se reduce de dos a un mes y en el caso de los textos sobre conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional a 20 días.


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