La falta de vivienda asequible retiene a nuestros jóvenes en casa de los padres hasta que, cumplidos los treinta, en compañía o en soledad deciden adquirir el “pisito”. Así lo destaca el Consejo Económico Social en su “Estudio sobre emancipación de los jóvenes y la situación de la vivienda en España”, publicado la semana pasada.
Tal compra suele convertirse en obsesión que cambia las costumbres y estabilidad familiares. Y al final, más que irse, se alejan de nosotros, a la periferia porque las viviendas próximas están fuera de su alcance. Este es el peor efecto, el de dispersión. Se pierde o difumina la identidad familiar cuando es el necesario soporte de la ética individual.
¿Cómo pedirles a los más emprendedores que creen su propia empresa si han comprometido, en la entrada del piso, el capital de maniobra que son sus ahorros iniciales. E incluso se han endeudado destinando el 65% de sus ingresos al pago de la hipoteca. Viven, por tanto, la zozobra de la inestabilidad del puesto de trabajo – o de los dos, el de él y el de ella - imprescindible para pagarla. En este panorama van a por la parejita; dos hijos son ya muchos.
Se añaden dos ingredientes que coartan el “guiso”. Uno, el materialismo o “cosificación” de la vida. Antes que hijos adicionales, prefieren disfrutar de dos coches, TV en cada habitación, buenos fines de semana, vacaciones que no falten y, por encima de todo, una vivienda inicial con proyecto de otra mayor eso si, siempre en propiedad. Dos, la juvenil manía de preferir una mala compra a un alquiler. Que por cierto se corresponde con la paralela aversión de los propietarios a alquilar. Los dos millones de casas desocupadas hablan por si solos.
En los años sesenta, las familias “de a cinco hijos”, las del “baby boom”, optábamos por empezar alquilando. Estos chicos de ahora se matan en cambio por comprar. ¿Porqué pagar renta si por “el mismo viaje” se paga la hipoteca?. Expresan así un reflejo condicionado por dos viejos fallos gubernamentales: los incentivos fiscales a la compra y no al arriendo y la aberrante legislación de “protegidos” de 1964 y 1994, las LAU, con sus prórrogas forzosas que han puesto en fuga a la oferta de pisos en alquiler.
A los anteriores ingredientes, hervidos al fuego lento del préstamo bancario aparentemente asequible – ¡a veinte o treinta años todos calvos! -, se añade el toque de pimienta de los nuevos constructores, buscadores del oro inmobiliario, para los que España es su Eldorado particular. El plato resultante es una vivienda inasequible. Pero hay asimismo “recetas” para remediarlo.
Receta Montoro
Dejo por imposible que el Gobierno llegue a controlar o eliminar el lápiz calificador municipal que permite especular con el suelo. Era el propósito de una Ley del PP que fue abolida por el Tribunal Constitucional. El suelo queda para siempre transferido a las Autonomías y Ayuntamientos. Y en él han montado su particular economía. Pero resta el poder de quien tiene la caja de recaudar, es decir el Ministerio de Hacienda. Mediante incentivos fiscales, positivos o negativos, puede:
1. Gravar fuertemente el retraso en construir. Hoy los terrenos se acaparan, pendientes de recalificaciones que los revaloricen. Reforzando el veterano impuesto sobre solares sin edificar se impulsaría su uso inmediato. Sería estatal para evitar la discrecionalidad municipal.
2. Desgravar los alquileres. En el IRPF. Tanto al inquilino que los paga como al propietario que los cobra. -Y sin cicaterias ni condiciones y papeleos. Parece adecuado el proyecto anunciado de reducir al 40% descontados gastos, las rentas gravables procedentes de arriendo. Ofreciendo el “nabo” y no el palo que, con poco tacto esgrimía posteriormente el Ministro de Economía amenazando con gravar al propietario de pisos vacíos. Al inquilino hay que desgravarle al menos el 50% de la renta que paga. Hasta hora se ha desgravado la compra de vivienda, convirtiendo a los electores en hipotecados.
Receta Rato
Cada protagonista de la construcción – empresarios, profesionales, y productores de materias primas y servicios, es libre para fijar sus condiciones y tarifas. Pero no es lícito que las acuerde con otros de su clase. Con frecuencia parece como si, además de viviendas, fabricaran también sus precios. Esta conducta llamada “colusoria” es la más grave de las comprendidas en las leyes antimonopolio. Y es precisamente el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Vicepresidente Rato, el que puede aplicar - en esto si -, el “palo” como receta.
Las resoluciones condenatorias del Tribunal del mismo nombre vienen afectando históricamente a arquitectos, agentes y expertos inmobiliarios, canteras, aglomerados y un etcétera. Preocupa en especial al TDC la colusión en honorarios profesionales y materiales. Es llamativa la ausencia de los empresarios, pese a que desde 1993 el Tribunal se ocupó del suelo y edificación en el Informe general llamado “Remedios…”.
También ha habido conductas abusivas en materia de hipotecas si bien éstas han sido condenadas en sentencias dictadas por los jueces civiles. Por ejemplo, la práctica bancaria de redondear al alza los tipos de las hipotecas, caso en que la Asociación de usuarios demandante, Ausbanc, se apuntó un gran tanto. Casi quinientos millones de euros podrán ahorrar a partir de ahora los compradores. Hay otros interrogantes. ¿Porqué las sociedades de tasación de hipotecas dependen de los mismos bancos que las conceden?. Se arriesga inflar los precios y además de forma coordinada.
El fomento de Zaplana
Visto el panorama, las fórmulas anunciadas por Zaplana, hace unos días en Sevilla para fomentar las familias numerosas, parecen eso, fomentos, que el diccionario asimila a simples cataplasmas. Exceptúo las desgravaciones fiscales antes referidas en el apartado Montoro. Es delicado a estas alturas para el Ministro de Trabajo ofertar como apunta, guarderías de empresa, exención de tasas académicas o ayudas al estudio, todo ello preconstitucional y oliendo a naftalina.
Y no deja de ser original que invite a las compañías de gas, agua y electricidad a que apliquen tarifas reducidas a las parejas reproductoras. No es admisible descargar los presupuestos estatales en aquellos cirineos energéticos, ni tampoco crear dos o más clases de ciudadanos en materia de tarifas. Los ciudadanos deben pagar, de modo no discriminatorio, todo servicio que individualmente utilicen.
En el firmamento español aparecen, y pueden colisionar, dos meteoritos: la crisis laboral, y un paquete de miles de ciudadanos firmantes de hipotecas cuyo pago depende de sus puestos de trabajo. Eso es lo que debe precisamente propiciar y ofrecer el ministro de ídem. Las familias ya se encargarán de procrear.
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