La reforma de los tributos locales, cuyo proyecto de ley ha sido recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, constituye un paso más dentro del proceso de reforma fiscal iniciado en el año 1996.

Desde la perspectiva de la autonomía local, las medidas contenidas en el proyecto de ley garantizan el cumplimiento del principio de suficiencia financiera de las entidades locales, al tiempo que incrementan su capacidad normativa para adaptar los diferentes tributos locales a las circunstancias de cada municipio.

Desde el punto de vista de la política económica y social, el proyecto de ley contiene un conjunto de medidas encaminadas a fomentar y favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo, la protección del medio ambiente y de la familia, todo lo cual se sitúa en la línea de lo que vienen siendo las grandes prioridades de este Gobierno a lo largo de la pasada y la presente legislatura.

Por lo que se refiere a las medidas destinadas a favorecer el crecimiento económico, se atiende el compromiso de suprimir el IAE para los pequeños y medianos negocios, lo cual supondrá un incentivo de gran importancia para las empresas existentes y para la creación de nuevas empresas al disminuirse la carga tributaria sobre unas y otras.

En efecto, a partir del 1 de enero de 2003, y dando con ello pleno cumplimiento a la promesa electoral del Gobierno, dejarán de satisfacer este tributo más de dos millones de contribuyentes, lo cual supone un 92% de las empresas hoy declarantes, cada una de las cuales se ahorrará con ello una media de 400 euros anuales.

Para determinar la cuota del IAE no se tendrá en cuenta el número de empleados

Como medida de apoyo a la creación de nuevas empresas se contempla la exención en el IAE para las de nueva constitución durante su primer año, así como una bonificación del 50% aplicable a los cinco años siguientes, disminuyéndose así notablemente las cargas fiscales que gravan el inicio de una actividad económica.

De otro lado, se moderniza el IAE al vincular su cuantía al tamaño de la empresa, de manera que sus cuotas, que permanecen inalteradas desde diciembre de 1995, tendrán en cuenta las circunstancias económicas concretas de cada obligado al pago.

Por lo que respecta a las medidas de fomento del empleo, no se tendrá en cuenta para determinar la cuota del IAE el número de empleados de cada empresa, al tiempo que se faculta a los Ayuntamientos para establecer una bonificación de hasta el 50% a favor de las empresas que creen empleo indefinido. Con estas medidas, el IAE, a partir de 2003, no sólo dejará de gravar la creación de empleo sino que la incentivará.

En materia de medio ambiente, se faculta a los Ayuntamientos para establecer incentivos que favorezcan su protección.

Así, en el IAE podrán fijar bonificaciones de hasta el 50% para quienes utilicen o produzcan energías renovables o sistemas de cogeneración, desplacen sus sedes fabriles fuera de los centros urbanos o establezcan planes colectivos de transporte para empleados. En el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se eleva hasta el 75% la bonificación máxima para vehículos poco contaminantes. En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras podrán fijar una bonificación de hasta el 95% por las obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento de la energía solar.

Por lo que afecta a las políticas sociales, se permite reducir el IAE por las superficies que las empresas destinen a guarderías, favoreciendo así la conciliación entre la vida familiar y la laboral. En el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) se permite a los Ayuntamientos diferenciar los tipos impositivos en función del uso de los inmuebles, de modo que puedan aplicar un tipo menor a las viviendas ocupadas con carácter permanente, lo que favorecerá la salida al mercado de alquiler de muchas viviendas actualmente desocupadas.

Asimismo, se faculta a los Ayuntamientos para bonificar la cuota del IBI hasta en un 90% a favor de las familias numerosas, de lo que se beneficiarán hasta 500.000 de ellas, y para introducir bonificaciones en su cuota y en la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras a favor de las viviendas de protección oficial.

Finalmente, se mejora la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de los vehículos de los discapacitados, incrementando notablemente su alcance.

En definitiva, la reforma de los tributos locales que acaba de aprobar el Gobierno no sólo garantizará la suficiencia financiera de las entidades locales y aumentará su capacidad normativa, sino que contribuirá a que la economía española siga creciendo y creando empleo los próximos años al reducir la carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas, eliminar obstáculos a la creación de nuevos proyectos empresariales y establecer un nuevo IAE más moderno, no penalizador del empleo e incentivador de la actividad empresarial. Todo ello se acompaña de un conjunto de importantes novedades en los diferentes tributos locales dirigidas a proteger la familia y el medio ambiente.