ESTRELLA ECONÓMICA   

21 de octubre de 2002    

El Defensor del Pueblo avisa de que la vivienda es un derecho constitucional difícil de alcanzar

Múgica alerta sobre las dificultades de acceso para la población con menos recursos y los retrasos en la entrega de ayudas públicas

Estrella Económica / EP

Madrid

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se ha sumado a la multitud de voces críticas que surgen en los últimos días sobre la actual situación de la vivienda, con precios creciendo a tasas anuales cercanas al 15%. Para Múgica, el acceso a una vivienda es un derecho consagrado por la Constitución que empieza a ser difícil de alcanzar, sobre todo para la población con menos recursos, jóvenes e inmigrantes. Además, critica los retrasos en la entrega de ayudas públicas y se queja de que el Gobierno hable del "éxito" de sus planes cuando sigue paralizada la construcción de vivienda protegida y no se corrigen los "fallos" del mercado de alquiler.

Múgica asegura que las quejas ciudadanas recibidas en la institución "ponen de relieve que el acceso a la vivienda para la población con menos recursos económicos es un derecho constitucional de difícil consecución". El precio de la vivienda se incrementó un 58% entre 1996 y el 2001, tal y como reconoció el pasado miércoles en el Congreso el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y un 14% en el último año, según los datos hechos públicos por Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa).

Como en ejercicios anteriores, dice el Defensor del Pueblo en declaraciones a la revista de los aparejadores y arquitectos técnicos "Cercha", "se ha vuelto a confirmar que las dificultades de acceso a una vivienda es una de las cuestiones que más preocupa a las familias, que deben destinar una importante parte de sus recursos a la adquisición de este bien como consecuencia del incremento constante de su precio".

En este sentido, Múgica destacó la coincidencia sobre los problemas planteados en la multitud de quejas recibidas por la institución que dirige, entre los que mencionó "las dificultades de acceso a la vivienda, en especial para determinados sectores de la población, como son familias con escasos recursos, jóvenes o inmigrantes, así como las demoras en el pago de ayudas económicas para adquisición o rehabilitación de viviendas".

El papel de Gobierno, CCAA y ayuntamientos

Así, el Defensor del Pueblo recordó que los planes estatales de vivienda constituyen "uno de los principales instrumentos para que los grupos sociales económicamente más débiles puedan hacer efectivo su derecho a la vivienda digna y adecuada que consagra el artículo 47 de la Constitución". Por ello, advierte Múgica, "si no consiguen que se fomente la construcción de viviendas protegidas o no se corrigen los fallos en el mercado de viviendas en alquiler, no puede predicarse el éxito" de dichos planes, aseguró.

Múgica coincidió además con los expertos del sector en que la normativa autonómica y local sobre suelo y urbanismo constituye una de las principales causas del encarecimiento de la vivienda dado que, según argumentó, el Tribunal Constitucional les concede competencia exclusiva en la materia, "otorgándoles la capacidad de definir su propio modelo urbanístico y permitiendo que el legislador estatal únicamente fije los criterios de clasificación de suelo".

En el caso concreto de los ayuntamientos, la institución denunció "las frecuentes prácticas especulativas que en ocasiones impulsan las propias administraciones locales como forma de financiación". Por ello, resaltó "la necesidad de que, por un lado, se eliminen algunos de los procedimientos que actualmente utilizan los entes locales para proporcionar ingresos a las arcas municipales a través de la venta del suelo y, por otro, se actúe sobre las haciendas locales con el fin de incrementar las disponibilidades presupuestarias de los ayuntamientos".