Los inspectores fiscales agrupados en la asociación Apife han pedido el 'cese inmediato' de su jefe, el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga. En un duro comunicado aprobado por la asamblea de la asociación, Apife acusa a Rodríguez Ponga de llevar a cabo una política 'obstruccionista en relación a la lucha contra el fraude fiscal de los grandes grupos económicos'.

La asociación ha celebrado su asamblea anual durante dos días en Murcia, con la asistencia de un centenar de inspectores. El encuentro venía precedido de reuniones el pasado 9 de octubre en las delegaciones de Hacienda, donde se acordó hacer llegar a Rodríguez Ponga el malestar del colectivo mediante un escrito. En Apife están asociados unos 1.000 inspectores, aproximadamente un 80% del total.

El secretario de Estado intervino en la asamblea de Apife pero, según su directiva, no abordó los problemas planteados. La reacción se ha plasmado en un duro comunicado, en el que se solicita 'el cese inmediato' de Rodríguez Ponga, en respuesta a 'su política obstruccionista en relación a la lucha contra el fraude fiscal de los grandes grupos económicos'.

La artillería gruesa de los inspectores se completa con la acusación de que las normas se elaboran 'deliberadamente descafeinadas para evitar una auténtica comprobación de los núcleos económicos donde se encuentra concentrado el fraude fiscal'. Añaden que la estructura de la inspección es 'inadecuada, por rígida, para atacar las nuevas formas de fraude tributario'.

Los inspectores han recibido con mucho desagrado la supresión de la posibilidad que se les daba de sacar la contabilidad de las empresas en soporte informático para su comprobación. Así figuraba en el anteproyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003, pero el Gobierno lo retiró en el texto remitido al Congreso. Éste es un episodio que se añade al rechazo que causó el nombramiento de Rodríguez Ponga al frente de Hacienda hace dos años, por su pasado como asesor fiscal y su agresividad con los inspectores. El actual secretario de Estado de Hacienda fue asesor del BBVA en la etapa de las cuentas en paraísos fiscales, aunque el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió no imputarle.