Todavía reciente mi toma de posesión funcionarial, se iniciaba así una relación, que, como todos los grandes amores, con sus altos y sus bajos, abandonos y reencuentros, uno espera que sea para toda la vida.
Pero el consejo, además de un evidente sarcasmo, reflejaba un estado de cosas sobre el funcionamiento ordinario de la Administración: carencia de medios materiales y de personal, estructura fosilizada y falta de un modelo de servicio público que garantice los derechos y libertades de los administrados en su relación con el poder público.
Ha transcurrido una década desde aquel momento y no hay duda de que el papel del Estado y de la Administración Pública ha experimentado en España, claramente para bien, un cambio de extraordinaria magnitud.
Como consecuencia directa de los procesos de privatización de buena parte de nuestro sector público y de liberalización de actividades muy diversas, un Estado titular y explotador de numerosos servicios y sectores económicos esenciales ha pasado a ser, o mejor dicho estamos en ello, a un Estado regulador y supervisor, que conserva únicamente la gestión directa de ciertos servicios íntimamente ligados a la misma idea de soberanía.
En este nuevo y esperanzador panorama, la Administración ha asumido un nuevo papel: en primer lugar como garante de la libertad (lo decía hace poco en estas páginas Gaspar Ariño); en segundo lugar como promotora y protectora del interés público, que es el de los ciudadanos; en tercer lugar como reguladora, que no pretende seguir controlando y gestionando las actividades, sino supervisándolas con prudencia y mesura, esto es, comprobando que en cada sector –desde la alimentación a la sanidad, la educación, las telecomunicaciones, la energía, el transporte aéreo o los mercados de valores– los actores que en ellos actúan cumplen las reglas del juego.
Para tales objetivos la exigencia de una urgente modernización de nuestra Administración, dotándola de los medios adecuados para ello, se hace particularmente evidente. Se atribuye a Joaquín Garrigues, en su etapa de ministro de Obras Públicas, el haber dicho que “si la gente supiera lo que hablamos en los Consejos de Ministros, saldría corriendo hacia la frontera”.
Sin descartar que tal afirmación pueda seguir siendo de actualidad, creo que idéntico efecto podría tener sobre la ciudadanía en general el conocimiento, no sólo de lo que hablan sus respectivos responsables, sino de los medios de que disponen, cómo funcionan los servicios de inspección, control o supervisión de numerosos servicios y actividades de gran relevancia para el desarrollo económico y social de nuestro país.
En muchos de ellos he podido comprobar que existen responsables y funcionarios públicos de gran preparación, abnegación y casi heroismo, pero que ni cuentan con los medios personales adecuados ni con los instrumentos que precisan para cumplir su función.
En muchos ámbitos de la Administración hay un exceso de personal subalterno y auxiliar y una carencia de personal cualificado. Los mejores profesionales de la Administración encuentran además dificultades crecientes para realizar una carrera plena en el ámbito público, pues, tanto retributiva como profesionalmente, el sector privado ofrece muchas mejores alternativas; y así, con carácter general, el flujo de profesionales se produce fundamentalmente en un sentido, de lo público a lo privado, y apenas en sentido inverso, a diferencia de otros países de nuestro entorno y en contra de lo deseable.
Frente a ello, los peores empleados públicos gozan de una situación casi inexpugnable –no se puede prescindir en modo alguno de sus servicios, ni exigir responsabilidades reales–, con el agravante añadido de que cada día los que sí cumplen sus funciones han de convivir con ellos y comprobar cómo el enorme abismo que separa a unos y a otros sólo da lugar a diferencias milimétricas en sus carreras.
A ello se unen las enormes dificultades (tanto presupuestarias como políticas) de los gestores públicos para introducir cualquier cambio real organizativo o retributivo, en la carrera de los servidores públicos, y no digamos ya si se trata de fórmulas más flexibles para atraer profesionales o buscar sistemas de colaboración con el ámbito privado.
¿Soluciones? Hay un único camino: dotar de mayor flexibilidad,dinamismo y diversidad los mecanismos de ingreso y salida, retribución y carrera profesional en la función pública. Ligar de una vez retribución con responsabilidad y cumplimiento de la respectiva función, ofrecer estímulos para trabajar en lo público, demostrar diariamente que la Administración se adapta a la realidad en la que viven y trabajan los únicos destinatarios de su actividad.
En el momento presente, toda iniciativa de cambio, sensata o no, fundamentada o no, muere casi siempre a los pies de la todopoderosa Comisión Interministerial de Retribuciones, ejemplo vivo de la definición de comisión gubernamental como conjunto de personas que solas no pueden hacer nada y juntas consiguen que nada pueda hacerse.
Debe acabar de una vez la seguridad perpetua en el puesto de trabajo, pase lo que pase y se haga lo que se haga, la falta de estímulos basados, de verdad, en la productividad y en el cumplimiento de objetivos; y debe terminarse con ese miedo a cualquier cambio ante la presión sindical, a lo que digan los medios de comunicación o los partidos políticos de la oposición.
El conde-duque de Olivares, como nos recuerda J.H.Elliot, gustaba de decir que “son muchas las cosas que fuera mejor no ser como son, pero mudarlas sería peor”. Así nos fue. Y así nos irá si no se establecen en el corto plazo, sin demagogias ni cortapisas, las bases para una nueva Administración, moderna, competente y eficaz. De lo contrario, la misión final del Estado, que es garantizar a los ciudadanos sus derechos y libertades, bajo el control de tribunales independientes, no podrá ser cumplida.
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