El Gobierno aprobó ayer y remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Reforma de las Haciendas Locales, que contempla la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE) para 2,12 millones de contribuyentes, entre los que se encuentran todos los autónomos y las empresas con una facturación inferior a un millón de euros anuales.
El Ministerio de Hacienda calcula que la mayoría de las pymes tendrán un ahorro medio de 400 euros anuales, que ayudará a impulsar la actividad productiva el próximo año. Sin embargo, las medianas y grandes empresas verán incrementada su tributación hasta un 35% más, en función de su cifra de negocios. Unas de las más perjudicadas son las operadoras de móviles, para las que se establece un régimen especial por el que tributarán a razón de 1,7 euros por abonado.
El nuevo IAE contempla la exención para las nuevas actividades durante su primer año de vida y una bonificación del 50% durante los cinco años siguientes. En el nuevo tributo ya no se tendrá en cuenta el número de empleados para fijar la tarifa y se permite una bonificación de hasta el 50% de la cuota por creación de empleo. La reforma de las haciendas locales no sólo se circunscribe en el IAE. Se reforman los otros cuatro tributos locales (impuesto sobre bienes inmuebles, el de vehículos de tracción mecánica, el de construcciones, instalaciones y obras y el del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana), ampliando la capacidad normativa de los municipios para subir o bajar gravámenes, en función de sus necesidades.
Además se actualiza un buen número de tasas. La que se cobra por ocupación del dominio público local (1,5% de la facturación) se aplicará no sólo a empresas que usen redes propias, sino también a las que empleen ajenas, lo que supone la incorporación a esta tasa de las empresas eléctricas usuarias de las redes.
El proyecto de ley contempla una financiación dual para los municipios. Los que cuentan con más de 100.000 habitantes participarán en los grandes tributos estatales (el 1,7% del IRPF, el 1,7% del IVA y y el 2% de los impuestos especiales) y de un fondo complementario de financiación con cargo a las arcas del Estado, además de los tributos propios. Los municipios con menos de 100.000 habitantes se financiarán con una subvención del Estado, en función de la población (75%), el esfuerzo fiscal (12,5%) y el inverso de la capacidad tributaria (12,5%), además de los tributos. La subvención evolucionará según los ingresos tributarios del Estado para adaptarla a la marcha de la economía.
El ministro de Hacienda aseguró que los municipios tendrán más recursos que ahora para financiar sus necesidades y que no necesitarán subir los impuestos, aunque reconoció que la Ley de Estabilidad Presupuestaria les obligará a ajustar los gastos al nivel de sus ingresos.
Obras de interés general entre Madrid y Ocaña
El Consejo de Ministros acordó en su reunión de ayer declarar de interés general las obras de ejecución de la autopista de peaje Madrid-Ocaña, también conocida como R-4. Esta nueva vía, cuyas obras ya se encuentran en marcha, vendrá a descongestionar la actual carretera de Andalucía. Este acuerdo se adopta para dotar de mayor protección medioambiental a los terrenos de la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola, por los que discurre parte del trazado de dicha infraestructura. Sólo las obras declaradas de interés general pueden cruzar un parque natural. El Consejo de Ministros autorizó también la construcción de una base de montaje y de sus zonas asociadas de acopio intermedio de balasto para la futura línea ferroviaria de alta velocidad (Ave) Madrid-Valladolid, presupuestada en 14,84 millones de euros. En concreto, la nueva base, que se construirá en Olmedo (Valladolid), estará compuesta por una terminal de vías y playas, con zonas de transferencia de material, de acopio y de estacionamiento de composiciones.
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