El Proyecto de Ley de Reforma del IRPF ha levantado no pocas ampollas entre las gestoras de fondos de inversión. Lo que debía ser motivo de congratulación, el fin del peaje fiscal por el cambio de fondo, ha derivado en una batalla tácita que está enfrentando a gestoras españolas con extranjeras. El motivo del enconamiento de estas últimas es la decisión del Gobierno, en el texto del proyecto, de excluir de esa exención fiscal a las sociedades de inversión. Ello incluiría a las Sicav, figura societaria a través de la cual la gran mayoría de las gestoras extranjeras distribuyen sus fondos en España.
En la actualidad, y hasta el 1 de enero próximo, cuando entre en vigor la Ley del IRPF, el traspaso del dinero de un fondo de inversión a otro está gravado con una retención fiscal del 18%. Es decir, se considera que el partícipe ha reembolsado sus participaciones en el fondo, con independencia de lo que luego haga con ese dinero. El Proyecto de Ley del IRPF, en un primer borrador, suprimía ese peaje fiscal por el traspaso de participaciones y acciones de una institución colectiva a otra. Aquel texto, en principio, incluía a las sociedades de inversión. Sin embargo, una posterior redacción del artículo se refería exclusivamente al traspaso de participaciones de un fondo de inversión a otro. Las sociedades de inversión, las Sicav, quedaban fuera, lo que disparó la preocupación de las gestoras extranjeras que operan en España.
Organizadas en una sola voz, un nutrido grupo de gestoras internacionales comenzaron a movilizarse de cara a evitar una situación que, a su juicio, es discriminatoria y beneficia a los grandes grupos bancarios nacionales. Según aquéllas, tras la decisión de dejar fuera a las sociedades de inversión subyacen motivos de proteccionismo más que de transparencia fiscal. Hacienda, por el contrario, arguye que la exclusión de las sociedades de inversión tiene como objetivo evitar que los grandes patrimonios se beneficien de una medida destinada a favorecer al pequeño inversor.
Las grandes fortunas suelen invertir su patrimonio a través de sociedades de inversión mobiliaria (SIM), sociedades de inversión mobiliaria de capital variable (Simcav) e incluso en ocasiones son accionistas únicos de compartimentos de sociedades de inversión de capital variable, es decir, las Sicav a través de las cuales los extranjeros también comercializan sus fondos en España.
Las conversaciones de las gestoras extranjeras con el Ministerio de Hacienda dieron sus frutos en un momento dado. El informe de la ponencia de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso reconocía el carácter de inversión colectiva de las Sicav, y permitía la exención fiscal por el traspaso de acciones de estas sociedades a otras instituciones de inversión colectiva, siempre que la sociedad desde la que se hiciera el traspaso tuviera como mínimo 5.000 accionistas. La noticia fue acogida con optimismo por las gestoras afectadas, por cuanto parecía que la batalla estaba ganada. De momento, sin embargo, no es el caso. Una enmienda transitoria al proyecto, presentada por el Grupo Popular y CiU, matiza el polémico artículo de manera que esos 5.000 accionistas deben serlo de los compartimentos de las Sicav, lo que se denomina subfondos, y no de la Sicav en su conjunto. Según el Ministerio de Hacienda esta rectificación es lógica, pues el inversor español, al suscribir acciones de una Sicav, en realidad está invirtiendo en esos subfondos o compartimentos y no en toda la sociedad.
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Son escasos los subfondos de las Sicav con más de 5.000 accionistas, requisito que, de momento, se exige para la exención fiscal
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Las gestoras extranjeras han vuelto a sufrir un revés, pues en caso de que la ley quede redactada en este sentido, muy pocas podrían beneficiarse de la exención fiscal, dado que los compartimentos que tienen tantos partícipes son escasos. El Gobierno, sin embargo, admite que ese límite de 5.000 accionistas por compartimento no es algo inamovible, sino que puede reducirse. El Congreso ya ha aprobado el proyecto de ley. De camino al Senado, podrían darse cambios en favor de las gestoras extranjeras. En cualquier caso, nada es definitivo hasta la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado.
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