Los inspectores de Hacienda podrán llevarse copia en soporte informático de los documentos contables de las empresas para su comprobación, según una modificación incluida en el anteproyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003. Esta norma fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, dentro de un segundo bloque de medidas que se añaden a las aprobadas el viernes anterior.

Los dos textos han sido remitidos al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo de Estado para que los dictaminen. El Consejo de Ministros de esta semana aprobará el proyecto de ley completo y lo enviará al Parlamento para su tramitación junto a los Presupuestos del Estado para 2003. El contenido es variopinto, y abarca desde el Plan de Fomento del Empleo para 2003, que prorroga los incentivos actuales para la contratación indefinida, o las nuevas sanciones para combatir la violencia en el deporte (más información en la página 47).

También se modifica la Ley General Tributaria en el sentido de dar más poderes a los inspectores. Lo que se pretende es proporcionar cobertura legal a que los inspectores puedan sacar una copia de la contabilidad de las empresas a las que inspeccionan y analizarla fuera del domicilio social. Se establece también la obligación de conservar durante cuatro años los documentos contables por parte de las empresas obligadas a presentar sus declaraciones en soporte informático. Y se fija un plazo de tres meses desde que se firma el acta de la inspección para que se inicie el expediente sancionador.

Factura única

En materia de telecomunicaciones, el Gobierno ha aprovechado este añadido a los presupuestos para incluir una de las medidas más demandadas por las nuevas compañías rivales de Telefónica: la 'factura única'. De esta forma, a partir de ahora, cuando un abonado realice la preselección (mecanismo para enrutar automáticamente todas las llamadas por una determinada compañía sin cambiar de línea) con un operador distinto de Telefónica, recibirá una única factura de dicha compañía, que incluirá la cuota de abono mensual, es decir, lo que cobra el ex monopolio por el mantenimiento de la línea. Posteriormente serán las compañías (Retevisión, Uni2, Jazztel y otras) las que liquiden el importe de la citada cuota a Telefónica.

El objetivo de esta medida es que el cliente deje de tener cualquier relación comercial con Telefónica, que ya ha manifestado su oposición aduciendo que le generará muchos gastos de administración y no garantiza adecuadamente el mantenimiento de la línea.

Asimismo, se establece la tasa por utilización de las infraestructuras ferroviarias que será gestionada por el GIF, el organismo encargado de contratar el AVE.Esta medida va encaminada a preparar la liberalización cuando Renfe tenga competencia.