Los medios de comunicación han difundido bastante información sobre las elecciones alemanas, gracias a la cual hemos podido conocer que el SPD de Schröder había conseguido neutralizar los 10 puntos de desventaja que hace no más de cinco meses le separaban del CDU de Stoiber. Sobre las causas de tan espectacular remontada existe coincidencia en cuanto a relacionarlas con la reacción más acertada de Schröder ante las gravísimas inundaciones del país, así como su toma de postura en contra de que la industria armamentista y petrolera de los Estados Unidos amplíe su negocio masacrando, una vez más, al pueblo iraquí, so pretexto de que Sadam Husein, según el inefable Bush, forma parte del eje del mal. Dicho de otra manera, varios millones de alemanes reconsideraron su inicial intención de voto en la conciencia de que, para enfrentar calamidades como las apuntadas, es más fiable la izquierda que la derecha política.
No está de más añadir que un tercer ingrediente de la campaña electoral alemana ha sido la decisión de Schröder de suspender su prometida rebaja de los impuestos y aumentar el impuesto de sociedades a las grandes empresas para el ejercicio fiscal de 2003. Quiere decirse que incumplir la promesa de una reforma fiscal a la baja no parece haber perjudicado, ni mucho menos, a los socialdemócratas.
Parece lógico pensar que el electorado, ante la catástrofe meteorológica sufrida por su país, comprendió y asumió semejante decisión sin castigarla. Pero también cabría pensar que tampoco lo hubiera hecho si durante el verano el régimen de lluvias hubiese sido más benigno. Pues existen motivos para dudar de que las promesas de rebajar impuestos sean tan atractivas para los ciudadanos como afirman determinadas fuerzas económicas y políticas. El ejemplo de Suecia, que celebró elecciones una semana antes, parece confirmarlo.
En la campaña electoral sueca, uno de los principales partidos de la derecha, el llamado Partido Moderado, hizo bandera de la rebaja de impuestos, frente a la cual la izquierda argumentó que afectaría gravemente a la calidad de los servicios públicos. El resultado fue que la izquierda ganó de nuevo las elecciones y que el tal partido sufrió el retroceso más fuerte desde 1976.
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Sería deseable que el PSOE enfrentara el debate sacudiéndose la posición un tanto defensiva que ha mantenido en torno a las cuestiones fiscales
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Sería una tosca simplificación concluir que las promesas de rebajar impuestos se vuelve, electoralmente, en contra de quienes las hacen. Pero la lección que cabe extraer de estas experiencias es que es falsa la idea de que el grueso de la ciudadanía demanda rebajas de impuestos y que, en función de esa demanda, se siente atraída por los partidos que se comprometen a ella. Lo que demanda el ciudadano de a pie es que existan y funcionen bien los servicios públicos. Y es sólo en la medida que no satisfacen adecuadamente diversas necesidades sociales cuando se interrogan sobre la justeza o no de las cargas impositivas que soportan.
Sobre esto hay también abundancia de encuestas, que ponen de manifiesto que la mayoría de la población aceptaría incluso pagar algo más con tal de que se garantizaran mejores prestaciones en sanidad, educación, pensiones, servicios sociales y demás vertientes de las comprendidas en los sistemas públicos de protección social. El asunto merece comentarse en estos momentos, pues esta de nuevo abierto el debate sobre la reforma fiscal que nuestro ha Gobierno ha decidido aplicar para el próximo año, así como el que se deriva del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social.
En su vertiente parlamentaria, sería deseable que el PSOE enfrentara este debate sacudiéndose la posición un tanto defensiva que ha venido manteniendo en torno a las cuestiones fiscales, donde, quizás, ha centrado demasiado su crítica en afirmar que no era cierto que el Gobierno, globalmente, haya reducido los impuestos, lo que, no por ser real, deja de convertirse en una forma de presentar como positivas las rebajas fiscales, siempre que se hagan de otra manera.
Es sin duda conveniente denunciar el significado que en términos de equidad y falta de progresividad en materia fiscal representa, por ejemplo, que para 2003 el Gobierno pretenda recaudar un 8,4% más que este año a través del IVA, a la par que renuncia a unos 3.000 millones de euros, que es coste estimado de su reforma del IRPF. También es necesario denunciar que la próxima rebaja del IRPF supondrá, entre otras cosas, que los contribuyentes con ingresos superiores a los 200.000 euros anuales obtendrán, como mínimo, una reducción de 4.110 euros, en tanto que la mayoría apenas superará los 120 euros.
Pero la cuestión de fondo no puede limitarse a señalar la inequidad y los retrocesos en la progresividad de los impuestos que la derecha viene practicando, sino el problema de la insuficiencia de los ingresos del Estado en un país que sigue alejado media docena de puntos del promedio de la UE, que no sólo no se acerca, sino que se separa cada vez más de lo que en la UE se dedica a gasto público en protección social -casi ocho puntos-, e incluso lo que para la estructura productiva de España supone que la inversión en capital fijo, en I+D y en formación de capital humano, coloque la productividad de cada trabajador en el furgón de cola europeo.
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