El portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, aseguró ayer que su partido “valora la idea de mejorar el marco fiscal de las sociedades que pueden promover la construcción de nuevas viviendas para arrendamiento”, tal y como recoge una enmienda de CiU a la reforma del IRPF.
La propuesta de los catalanes pretende que el aumento de los incentivos al alquiler, que tendrán desde el próximo 1 de enero los propietarios de viviendas que tributan en el Impuesto sobre la Renta, se aplique igualmente a las empresas, con el fin de incrementar el parque de pisos en arrendamiento y abaratar, así, el precio de la vivienda. Estos incentivos consisten en una exención del pago de impuestos de un 50% de los ingresos logrados por medio del alquiler.
Aunque Martínez Pujalte afirmó que no está seguro sobre si éste es el momento adecuado para sacar adelante la enmienda reconoció que “habría que desarrollarla ahora o dentro de unos meses”, dentro de la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2003.
El PP explicó también algunas de las enmiendas que se han incluido de forma definitiva en el nuevo IRPF, entre las que destacó “el mantenimiento dentro del régimen fiscal de módulos de las sociedades civiles y de las comunidades de bienes”. El proyecto inicial de reforma del Impuesto sobre la Renta, por el contrario, expulsaba a estos dos tipos de empresa de los módulos, un sistema fiscal con grandes ventajas por su extremada sencillez y su baja presión fiscal.
El sistema de comunidad de bienes, de hecho, es uno de los más extendidos entre las pymes, puesto que suele ser el elegido por los negocios familiares para agrupar todos los patrimonios que los parientes ligan a la empresa.
El Gobierno, por otra parte, aprovechará la ley de acompañamiento para extender, un año más, el régimen de compensación en el IRPF para los alquileres y compras de viviendas anteriores a la entrada en vigor de la reforma fiscal de 1998. Aquella reforma supuso un cambio en la tributación de los inquilinos de pisos en arrendamiento -que perdieron la antigua deducción de un 10% de los pagos- y de los propietarios de viviendas -cuyo tope máximo para aplicar la deducción del 15% pasó del 30% de su base imponible a un tope fijo de 9.000 euros-.
Hacienda permitió mantener el régimen fiscal derogado a los inquilinos o propietarios anteriores a la norma y prorrogará este beneficio también durante 2003.
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