El Gobierno va a introducir una enmienda en la nueva ley fiscal, que entra en vigor en enero del año que viene, que permitirá a todos los propietarios de viviendas destinadas a alquiler desgravar un 40% por los ingresos del alquiler y otro 10% por gastos llamados de difícil justificación. Se trata de una de las principales novedades del Ejecutivo para fomentar el alquiler de viviendas y, como consecuencia, abaratar los precios.

La propuesta inicial incluida en la reforma del IRPF limitaba esa deducción del 40% sólo a los inmuebles que se alquilaran por primera vez. Para el resto se mantenía una deducción del 15%, además del 10% de los gastos que son difíciles de justificar (por ejemplo, el portero o la luz). El Partido Popular ha considerado conveniente extender el porcentaje del 40% para el propietario a todos los contratos de alquiler, sean nuevos o alquilados anteriormente. El responsable de asuntos económicos del PP, Vicente Martínez-Pujalte, explicó ayer que se han unificado porcentajes para evitar el fraude consistente en hacer pasar por nuevos contratos otros más antiguos.

La mayor parte de los caseros podrá elevar aun más sus deducciones, ya que se incluirán los gastos derivados de limpieza, reparaciones y mantenimiento del piso en general.

La idea de fomentar el alquiler de vivienda pretende dar salida a los dos millones de pisos vacíos que actualmente existen en España y para los que hay una creciente demanda. Los precios de la vivienda no paran de subir y las familias destinan ya un 45% de su salario a comprar un inmueble nuevo, según datos del servicio de estudios del BBVA.

Beneficios al arrendador

No obstante, ninguna de las medidas contempladas para fomentar el alquiler aplica deducciones al inquilino, sino sólo al propietario. En esta reforma fiscal, el Ejecutivo ha obviado la recomendación de diferentes colectivos, entre ellos el Consejo Económico y Social (CES), para que el ciudadano que paga un alquiler pueda tener también desgravaciones fiscales al presentar su declaración de la renta.

El Gobierno espera que al favorecer al propietario, éste considere más rentable arrendar su inmueble que mantenerlo cerrado. De hecho, el propietario está penalizado al tener que declarar como ingreso el 2% del valor catastral del inmueble.

Además de estas medidas, que estarán vigentes desde el próximo 1 de enero, el Gobierno está estudiando otros proyectos complementarios para incentivar el alquiler de viviendas. El Partido Popular ve 'con muy buenos ojos', en palabras de Martínez-Pujalte, introducir mejoras fiscales para las sociedades que promuevan el arrendamiento de inmuebles. Con esta iniciativa, que de momento no está concretada, se pretende fomentar el interés de las promotoras por ofrecer viviendas de alquiler y, como resultado, bajar los precios.

El Ejecutivo aún no ha decidido si esta pretensión se incluirá en la nueva reforma fiscal o habrá que esperar 'unos meses' antes de desarrollarla. De momento, es el grupo parlamentario de CiU el que ha presentado una propuesta para favorecer a los promotores, pero se desconoce si finalmente será aprobada. El pleno del Congreso debatirá sobre el nuevo impuesto sobre la renta el próximo 3 de octubre.

El proyecto incluirá otras enmiendas del Partido Popular, como eximir de impuestos las pensiones de orfandad, las que perciben las víctimas del terrorismo y algunas ayudas a discapacitados. El nuevo IRPF dejará sin gravar las ayudas recibidas por discapacitados con un grado de minusvalía superior al 65% destinadas a financiar su estancia en residencias o en otros centros.

Martínez-Pujalte recordó que, según los cálculos del Ejecutivo, la reforma fiscal supondrá un ahorro medio del 11,1% para todos los contribuyentes. La principal novedad del nuevo impuesto consiste en que modificará tanto el tipo máximo como el tipo único. La máxima tributación de un contribuyente se rebaja del 48% actual al 45%, mientras que la mínima pasa del 18% al 15%.

El responsable popular aprovechó también para criticar al PSOE por 'no tener alternativa' al nuevo modelo fiscal del PP. Martínez-Pujalte criticó que los socialistas no hubieran presentado enmiendas sobre los aspectos que juzgaron más criticables de la reforma.