La nueva declaración de la renta que entrará en vigor el año que viene apuesta decididamente por aumentar la oferta de viviendas de alquiler y, de paso, regularizar la situación de muchos contribuyentes que no declaran los ingresos por el arrendamiento de sus inmuebles.
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De hecho, Tributos ha detectado una importante bolsa de fraude a través de este mecanismo.
Las enmiendas a la reforma fiscal incorporadas el pasado martes por el Grupo Popular mejoran sensiblemente las ventajas ya incluidas en el texto inicial aprobado por el Gobierno antes del verano. A partir de ahora, los arrendadores particulares podrán deducirse hasta un 50% de las rentas obtenidas por cualquier tipo de vivienda alquilada. Inicialmente esta deducción quedaba limitada al 25% para las viviendas que estuviesen arrendadas antes de la entrada en vigor de la reforma. Ahora, ya no existen distinciones por antigüedad.
Exenciones
Además, el PP propone que los gastos de portería, conservación y mantenimiento queden exentos de tributación y que los gastos de difícil justificación tengan una deducción del 10% sobre el cálculo de los rendimiento brutos.
Los nuevos beneficios fiscales, propuestos por la patronal nacional de promotores y constructores, APCE, forman parte de una estrategia global encaminada a abaratar el precio de los alquileres para las rentas con menor poder adquisitivo y a fomentar la movilidad geográfica entre la población más joven. De hecho, esta medida ya fue incluida por el Ministerio de Trabajo en el Plan Integral de Apoyo a la Familia.
En España, el alquiler representa menos del 15% del parque de viviendas, mientras que en otros países europeos como, por ejemplo, Holanda, alcanza el 28%, con precio más asequibles.
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