Dicen que los datos estar, están. Que el Consejo para la Defensa del Contribuyente no ha dejado de trabajar durante los dos años en que no se han tenido noticias de su actividad. Pero que los cambios en las personas que integran esta institución, realizados a mediados
de 2001, han sido los causantes del retraso en publicar las memorias del año 2000 y de 2001.
Cuando apenas quedan tres meses para que acabe el ejercicio fiscal y entre en vigor la segunda reforma del IRPF pergeñada por el actual Gobierno, aún se desconoce la opinión de los contribuyentes sobre aspectos como pueda ser su experiencia frente a la primera reforma. Aquellos mismos contribuyentes que ya en 1999 centraban la mayoría de sus quejas en la dificultad para aplicar las normas, según reflejó en su momento la que a día de hoy es la última memoria de actividades del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Sin embargo, estos datos existen. La oficina no ha estado en absoluto paralizada. Ya en noviembre de 2001, su actual presidente, José Juan Ferreiro Lapatza, afirmaba en un foro de asesores fiscales celebrado en A Coruña que se habían presentado 10.000 quejas en lo que iba de ejercicio, al tiempo que reconocía que en el 70% de los casos se terminaba dando la razón a los contribuyentes. En ese momento, también anunció que quizá a finales de 2001 se publicarían los datos del año 2000, algo que aún no ha ocurrido.
Para que la memoria de la oficina del defensor del contribuyente se haga pública es necesario que antes pase el filtro del Gobierno, a través del secretario de Estado de Hacienda. Desde la secretaría del defensor del contribuyente afirman que tanto la memoria del año 2000 como la de 2001 se encuentran ya en los despachos de Hacienda. Y en Hacienda, ni confirman ni desmienten.
Relevo en el consejo
Sin embargo, una de las razones apuntadas para el retraso en la publicación de las memorias está en los cambios producidos en el consejo de la institución. En mayo de 2001, el Boletín Oficial del Estado publicó el cese del anterior presidente, Javier Lasarte, y su sustitución por quien actualmente está al frente de la institución, José Juan Ferreiro Lapatza. Pero dicho cambio, lejos de ser algo anormal, está motivado por la limitación a cuatro años que el cargo impone. Desde sectores ajenos al organismo se pone en duda que un relevo rutinario pueda alterar el trabajo diario de este o cualquier otra institución.
También a mediados de 2001, cesó como vocal del consejo Enrique Giménez-Reyna (entonces secretario de Estado de Hacienda) y entre las incorporaciones figuraba la de Estanislao Rodríguez-Ponga (actual secretario de Estado de Hacienda y director general de Tributos, entonces). Pero incluso antes, en la época en que la oficina sí publicaba sus memorias, también se producían entradas y salidas entre los diversos vocales del consejo.
Entre las quejas, aún no oficiales, que llegan al defensor del contribuyente y que trascienden a la opinión pública por boca de colectivos de profesionales de la fiscalidad, figuran temas como el excesivo celo de la inspección de Hacienda en comprobar a contribuyentes que declaran, frente a la falta de investigación profunda sobre aquellos otros que no declaran y generan bolsas de fraude. La notificación de requerimientos en plazos que impiden que el contribuyente pueda interponer un recurso o la falta de criterio uniforme para interpretar las normas en el seno de Hacienda son otros temas de alta sensibilidad.
Quejas que se suman a las más tradicionales sobre retrasos en devoluciones, retenciones que no debieron practicarse o relativas a la falta de claridad de las normas. Pero además de recibir quejas, el defensor del contribuyente también realiza propuestas de reforma a la Secretaría de Estado de Hacienda. Sugerencias que desde hace dos años no se conocen.
Una institución que canaliza el enfado de los administrados
"Garante de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones tributarias", "auténtico protagonista de la defensa del contribuyente". En estos términos define el Consejo para la Defensa del Contribuyente el real decreto que lo creó a finales del 1996. Su nacimiento, auspiciado por el entonces reciente Estatuto del Contribuyente, venía a dar forma a un nuevo órgano encargado de recibir quejas, sugerencias y reclamaciones de los contribuyentes. Al tiempo, debe elaborar una memoria anual en la que quede reflejado el resumen de estas actuaciones. Y así se hizo durante los tres primeros años de actividad bajo la presidencia de Javier Lasarte. En abril de 2001 llegó el momento del cambio. Tras cuatro años en el cargo, Lasarte fue relevado por José Juan Ferreiro Lapatza por designación, como así manda la norma, del ministro de Economía. Catedrático de Derecho Tributario y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, el profesor Ferreiro siempre ha estado más del lado de los contribuyentes que de la Administración. Y así lo ha demostrado en diversas intervenciones públicas en las que incluso ha llegado a aclarar: "Y esto lo digo como asesor fiscal más que como presidente del consejo". No sin dejar entrever que unos y otros están del mismo lado frente a los abusos, grandes o pequeños, de Hacienda. Por eso, asesores y expertos en fiscalidad, que también tienen cabida en el consejo, son los más extrañados por la falta de publicidad de los datos y sugerencias recabadas por la institución.
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