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La transparencia continúa siendo una de las asignaturas pendientes de la Administración. No basta con anunciar medidas encaminadas a lograr claridad y nitidez. Eso es encomiable. Pero hay que ponerlas en práctica e implantar los medios para asegurarse de que funcionen. De lo contrario, no serán más que papel mojado. Es el caso del Consejo de Defensa del Contribuyente, un órgano creado a finales de 1996 y operativo desde 1997 con el objetivo de recibir y atender las quejas de los contribuyentes, donde algo ha fallado. Desde que el 1999 este organismo publicó su última memoria de actividades nadie sabe qué es lo que ha ocurrido con las quejas de los ciudadanos. Nada se sabe de su grado de satisfacción respecto a los procedimientos tributarios, de los errores de Hacienda, de las sugerencias de los contribuyentes sobre un mejor funcionamiento de los servicios de ayuda... Pero lo peor es que ni siquiera hay datos para saber de primera mano lo que más preocupa a los contribuyentes. Para conocer su experiencia respecto a la primera reforma fiscal emprendida por el Gobierno de José María Aznar, aquella en la que la bandera fue la simplificación y la rebaja de impuestos. Una información que podría ser de máxima utilidad, en especial ahora que nos enfrentamos a una segunda reforma. Lo haremos sin datos.
La creación del Consejo de Defensa del Contribuyente fue una de las principales novedades fiscales que el Gobierno del Partido Popular lanzó a bombo y platillo en 1997. Pero cinco años después, su función, que no es otra que la de recibir y canalizar las quejas de los contribuyentes y atenderlas debidamente, ha quedado en poca cosa. Y no sólo por una manifiesta falta de información. También es manifiesto el fracaso de las mismas funciones para las que nació el organismo, que no es echar en saco roto las quejas de los contribuyentes, sino que, por un lado, se conozcan y, por otro, tomar medidas al respecto.
Entre los plausibles objetivos que tiene marcados en su nacimiento el Consejo de Defensa del Contribuyente está elaborar una memoria en la que quede reflejado el resumen de sus actuaciones de cada ejercicio y en la que se sugirieran las medidas para evitar la reiteración fundada de quejas. Pues bien, desde hace tres años no hay información ni, por supuesto, sugerencias de mejora del Consejo, que asegura que los retrasos se deben al relevo en la presidencia del organismo. Un cambio que ya estaba previsto, puesto que el mandato dura cuatro años. Sí se saben algunas cosas que, es de esperar, algún día aparecerán en su memoria. Durante el año pasado se presentaron unas 10.000 quejas. Pero de estos datos no existe constancia. Son declaraciones realizadas en un foro de inspectores fiscales celebrado el pasado año en A Coruña por el actual defensor del contribuyente, José Juan Ferreiro Lapatza. Fuentes del Consejo aseguran que las memorias de 2000 y 2001 están redactadas y enviadas a Hacienda. ¿Quién es responsable de que aún no se hayan hecho públicas?
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