Los equipos de la Inspección de la Seguridad Social han fijado sus ojos sobre el fuerte foco de fraude escondido bajo las pymes constituidas por trabajadores autónomos.
La alarma ha sido levantada por un estudio elaborado por la propia Federación Nacional de este colectivo de trabajadores en el que se reconoce que cerca de 317.000 familiares de autónomos trabajan en economía sumergida dentro de estas pymes.
El informe calcula que la bolsa de fraude, sólo en concepto de cotizaciones sociales impagadas, asciende a más de 900 millones de euros al año. El uso de trabajadores no declarados se encuentra completamente generalizado y afecta a uno de cada cinco negocios, según la asociación.
El Ministerio de Trabajo admite que este fraude se ha convertido en una práctica extendida entre los autónomos, pese a lo que ha preferido no pronunciarse sobre las cifras exactas del volumen de fraude. Fuentes de Trabajo aseguran, sin embargo, que el ministerio ya ha puesto a trabajar a sus equipos de inspección sobre este asunto dentro de la estrategia lanzada contra la economía sumergida y contra la contratación ilegal de trabajadores.
Hostelería y comercio
Responsables de la Federación Nacional de Autónomos aclaran, por su parte, que han preferido no ocultar estas prácticas a la vista de la importante dimensión que han alcanzado. Es más, en un documento que será hecho público y enviado al Ministerio de Trabajo en octubre, detallan los principales puntos donde se alberga este gran foco de fraude.
Por sectores, las empresas de hostelería y de comercio son las dos áreas de actividad donde se esconden más familiares no declarados. El transporte, por el contrario destaca como un sector especialmente limpio. Por tamaño de las pymes, el fraude se encuentra más generalizado entre los negocios constituidos por autónomos teóricamente sin asalariados, que aglutinan al 84% de los empleados no declarados.
El 8% se esconde en pymes con un empleado, el 6% en las de dos asalariados y sólo el 2% aparece en las de más de dos trabajadores por cuenta ajena.
Los beneficiarios habituales de estas prácticas de economía sumergida son las mujeres, normalmente esposas de los autónomos, que aglutinan el 64% de la bolsa de fraude, principalmente centrado en trabajadoras entre 30 y 55 años.
Plan de la Inspección
Los inspectores de la Seguridad Social no han tardado en reaccionar ante las voces de alarma alzadas frente a un tipo de fraude, que ha sido ya bautizado por el sector bajo el bondadoso nombre de “ayuda familiar”.
El Ministerio de Trabajo ha señalado a EXPANSIÓN que “la persecución de esta práctica ilegal figura como uno de los principales epígrafes del plan de inspección contra la economía sumergida”, uno de los más potentes de este departamento.
Este plan, de hecho, ha cobrado especial relevancia desde el año pasado a la luz de los últimos datos recabados sobre el afloramiento de fuertes cantidades de dinero negro por el cambio al euro. Los estudios privados cuantifican en cerca de 18.000 millones de euros el importe de dinero oculto que ha saltado a la luz entre finales del año pasado y comienzos del actual a causa de la desaparición de la peseta.
De hecho, fuentes de la Administración Tributaria aseguran que el rastro dejado por este capital en el momento de salir al mercado es la mejor oportunidad de detectar su origen.
Los últimos informes dados a conocer desde Europa sobre el nivel de economía sumergida en España también han convencido al Gobierno de la necesidad de reforzar las actuaciones contra el mercado no declarado. Los estudios de la Comisión Europea han situado el nivel de economía oculta nacional en el año 2000 en cerca del 22% del PIB, uno de los mayores porcentajes de la UE.
Bruselas, además, asegura en su estudio que España es uno de los países en los que entre 1998 y 2000 ha crecido el volumen de actividades no declaradas, a causa principalmente del gran incremento de la llegada de inmigrantes y de la fuerte implantación de prácticas ilegales entre las empresas más pequeñas.
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