Este sector, formado por microempresas, principalmente del mundo de los servicios, comercio y profesionales, ha aparecido en la gran mayoría de los informes de la Comisión Europea sobre economía sumergida y este mismo verano ha soportado el inicio de un plan de inspección de la Agencia Tributaria ante las fuertes evidencias de fraude fiscal ubicado en el régimen fiscal de módulos, un sistema por el que optan prácticamente la mitad de los autónomos -ver EXPANSIÓN del pasado 29 de julio-.
La Inspección de Hacienda, de hecho, no se contentó con el chequeo de los ingresos de estos negocios: su plan de inspección incluyó una visita a los propios locales de los negocios para descubrir in situ las ilegalidades de las pymes.
Propicio para el fraude
Lo cierto es que se trata de un colectivo con un perfil propicio para albergar fraude. Su volumen de ingresos, habitualmente no muy elevado, hace que por puro criterio de rentabilidad pierda atractivo para los inspectores en su persecución del fraude.
Esta misma característica, su nivel de ingresos más modesto que el de las grandes empresas, permite a los autónomos acceder en la mayoría de los casos al régimen fiscal de módulos, un sistema limitado para negocios con ventas inferiores a los 450.000 euros, y que no calcula el pago de los impuestos según los beneficios obtenidos sino que, por el contrario, regula los pagos según el número de empleados.
El resultado de este esquema fiscal ha sido, por lógica, la carencia de un control de las facturas, debido a que no eran decisivas en el pago fiscal, y el origen, por lo tanto de importantes cadenas de fraude, como ha denunciado la propia comisión de preparación de la nueva reforma del IRPF, presidida por el catedrático Manuel Lagares.
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