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La articulación de una política fiscal "global, unitaria y coordinada con las comunidades autónomas y ayuntamientos", que incluya todos los impuestos que gravan el proceso urbanístico y edificatorio, contribuiría a atajar el encarecimiento del 56% que acumula el precio de la vivienda en los últimos cinco años.
Así consta en el documento de conclusiones elaborado por los distintos expertos del sector que participaron en el seminario Perspectivas del régimen del suelo, urbanismo y vivienda que, organizado por el Consejo General del Notariado, ha tenido lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Para dichos expertos, la mencionada regulación coordinada de los impuestos evitará que la urbanización de suelo siga constituyendo la principal fuente de financiación de los ayuntamientos.
La flexibilización de los procesos de urbanización es otra de las medidas que los profesionales que intervinieron en el foro (desde arquitectos a representantes de los consumidores, pasando por catedráticos, promotores y técnicos urbanísticos entre otros) apuntaron como necesaria para contener el precio de la vivienda.
En concreto, los expertos insistieron en la necesidad de que la Administración cumpla "rigurosamente" los plazos de urbanización, sobre todo en la extensión de la figura del agente urbanizador, con el fin último de que la promoción privada se configure como "motor de la ejecución urbanística" y que el papel de la Administración se reduzca así "la labor de vigilancia y control que le es propia".
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