Conservadores y socialistas llenaron sus programas económicos de promesas de rebajas, confiados en el margen recaudatorio que habría de procurar la fuerte actividad empresarial y el empuje del consumo.
La realidad, dos años después, ha dejado claro que la puesta en marcha de las rebajas fiscales requiere del avance decidido hacia el equilibrio presupuestario.
Alemania, Francia o Italia se han convertido en ejemplos de una política contradictoria que ha acabado por empujar al arcén sus propósitos de reducir la factura fiscal de los contribuyentes. Los tres países cuentan con previsiones de déficit para 2002 de entre el 2% y el 3% y, en el caso alemán, la Comisión Europea ha llegado a barajar la posibilidad de adoptar medidas para forzarle a controlar su desequilibrio fiscal.
Portugal ocupa el primer lugar en esta lista de países faltos de disciplina con una previsión de déficit del 4%, que desborda sin ningún tipo de matices los compromisos adquiridos dentro de la Unión Europea. No se trata ya de cumplir con el Pacto de Estabilidad firmado ante la Comisión Europea, que exige no superar un déficit del 3%.
Lejos de ser una cuestión de sacralizar o flexibilizar los postulados comunitarios, se trata de la necesidad de contar con economías saneadas que permitan llevar a cabo reformas destinadas a relajar la presión fiscal y, con ello, a incrementar la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Pero el nuevo escenario es muy distinto al previsto hace dos años. Portugal ha abandonado la idea de recortar los impuestos a corto plazo; Alemania ha retrasado un año la última fase de su plan de reducción del impuesto de la renta, e incluso baraja ya un aumento temporal del Impuesto sobre Sociedades; Italia, en la misma línea, ha optado por congelar su programa fiscal, y Francia también ha comunicado su decisión de atrasar la rebaja del IRPF.
España, el único de los grandes países de la UE que ha alcanzado ya, virtualmente, el equilibrio presupuestario, se ha convertido en la otra cara de la moneda. Su reforma del Impuesto sobre Sociedades cuenta con ocho meses de vida y el proyecto de reducción del IRPF se encuentra ya en el Parlamento.
La moraleja es que la rectitud presupuestaria es altamente conveniente, si no imprescindible, para acometer reformas estructurales de índole fiscal. Pero esa ecuación de la política económica razonable no debería hacernos olvidar que las reformas desde el punto de vista de la oferta exigen, amén de un contexto adecuado, un firme compromiso político. Si no existe una voluntad decidida de llevarlas a cabo –y algunos países europeos parecen flaquear en ese sentido–, cualquier obstáculo puede servir de pretexto para posponerlas indefinidamente.
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