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EDICIÓN IMPRESA> OPINIÓN ESTADÍSTICA DE LA NOTICIA
Viernes, 23 de agosto de 2002

Corresponsabilidad

El pequeño margen de maniobra que la legislación fiscal reconoce a las comunidades autónomas permite identificar las prioridades de sus gobiernos que sean compatibles con las exigencias de saneamiento presupuestario. Castilla-La Mancha ha tomado algunas iniciativas interesantes dentro de ese margen. Su Gobierno ha anunciado un conjunto de deducciones fiscales con una marcada orientación social que se ajustan a los planteamientos de la formación política mayoritaria y a las características sociológicas de la región.

Se trata de unas deducciones por hijos menores de tres años, de las asignadas a los que cuiden de ascendientes mayores de 70 años, así como a los discapacitados. Las cuantías iniciales no son grandes, pero su aplicación a la cuota en lugar de a la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas acentúa su progresividad. En una región con un peso todavía importante de la agricultura, la exención del impuesto de transmisiones patrimoniales en las adquisiciones y transmisiones de determinadas explotaciones agrarias favorece igualmente a los jóvenes agricultores y, en general, a aquellos que traten de contribuir a la necesaria racionalización de ese sector.

Lo relevante de esas propuestas, similares a otras ensayadas en algunas autonomías, es su compatibilidad con la ortodoxia de las finanzas públicas; el desequilibrio presupuestario y la deuda correspondiente de esa región se encuentran entre los más reducidos de España. La experiencia es importante en varios aspectos: verifica la posibilidad de aplicación de las prioridades de los gobiernos regionales, refuta la acusación que asocia el color político de los gobiernos autonómicos con el grado de saneamiento de sus finanzas y es un argumento frente a la desconfianza con que desde Madrid se abordan las relaciones financieras con las comunidades.

Pero también como acicate para fortalecer el Consejo de Política Fiscal y Financiera en cuanto a ámbito en el que considerar las distintas experiencias autonómicas, y no sólo como vehículo transmisor de las instrucciones del Ministerio de Hacienda. Como concreción, en definitiva, de la necesaria corresponsabilidad fiscal.


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