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EXPANSIÓN - ECONOMÍA   

9 de agosto de 2002    


El gasto en pensiones costará 110 millones más por cada décima que se desvíe el IPC

RICARDO T. LUCAS - Madrid.

El aumento de la inflación sobre la previsión oficial para este año acentuará sustancialmente el gasto de la Seguridad Social en concepto de compensación y consolidación de las pensiones.


En concreto, 110 millones de euros por cada décima que la tasa definitiva de inflación en noviembre supere el 2% previsto para 2003. Los expertos estiman que el IPC se situará en valores cercanos al 4%.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, reconoció ayer lo que adelantaban hace una semana los cálculos de los economistas del sector privado: cada décima que se desvíe la inflación del 2% previsto para 2003 le costará a la Tesorería General de la Seguridad Social 110 millones de euros en pensiones. Con los niveles actuales de inflación, 3,4%, supondría un desembolso en enero de 2003 con cargo a los presupuestos para ese año de 1.540 millones de euros.

Sin embargo, algunos analistas consideran que la tasa de noviembre, con la que se calculan los incrementos de las pensiones, se situará entre el 4% y el 4,2% -ver EXPANSIÓN del 30 de julio-, lo que le supondría a la Seguridad Social entre 2.200 y 2.420 millones de euros, que tendría que pagar a los 8,2 millones de pensionistas españoles.

También el sector privado tendrá que afrontar costes por valor similar. Los convenios colectivos firmados con los sindicatos recogen pagas adicionales si hay aumento de la inflación, que sitúan en un umbral del 3%. Durante el año pasado, 5,2 millones de trabajadores se beneficiaron de éstas claúsulas de salvaguarda.

Los cálculos de los analistas se basan en lo que han denominado el efecto escalón, la caída generalizada de los precios en el segundo semestre del año pasado como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre contra EEUU.

Ese descenso generalizado no existirá este año, con lo que se prevé una subida de la inflación en el mismo período de éste año; que se ha visto afectada, sin duda, por el encarecimiento de la cesta de la compra tras la entrada en vigor del euro, la subida generalizada del precio de los alimentos frescos y el aceite de oliva, la excesiva liquidez, el previsible incremento de los salarios y el aumento de los precios de los servicios. Éstos tres últimos factores fueron apuntados ayer por el Banco Central Europeo (BCE) en su informe mensual -ver información adjunta-.

Compensación

El gasto en pensiones que tendrá que asumir la Seguridad Social por cada décima de desviación se destinará a partes iguales a compensar la pérdida de capacidad adquisitiva durante este año (55 millones de euros) y para consolidar la desviación producida en sus nóminas (55 millones de euros).

Todo esto lastrará el cumplimiento del compromiso del Gobierno de que los próximos presupuestos del Estado logren el prometido déficit cero en las Administraciones Públicas.

Los costes para 2003, de confirmarse las previsiones que hablan del incremento de la inflación a niveles del 4%, serían los mayores que ha tenido que asumir el Gobierno del PP en sus ocho años de mandato. El año pasado, la desviación que se produjo de la inflación prevista tan sólo fue de siete décimas (del 2% calculado al 2,7% real) y provocó unos gastos extraordinarios de 708 millones de euros para ambas partidas.

Una de las opciones que podría barajar Hacienda para hacer frente a este imprevisto, según los expertos consultados, sería repartir la factura entre este ejercicio y el que viene; aunque, decida lo que decida, el alto coste ocasionará un recorte en la inversión para otros proyectos.

Superávit

Aun así, Gerardo Camps se mostró confiado en que el pago compensatorio no supondrá un inconveniente para lograr el superávit previsto para la Seguridad Social del 0,5% en 2002 y 2003, ya que “es un sistema saneado que puede hacer frente al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones”.

La paga única compensatoria para el nivel adquisitivo de los pensionistas se estableció en virtud de la Ley de pensiones de 1997 fruto del Pacto de Toledo, que garantiza el mantenimiento de ese status, de acuerdo con el reflejo de la variación de los precios según la inflación.



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