La desviación de la inflación podría costarle a las arcas del Estado más de 2.000 millones de euros para compensar a los pensionistas, según los cálculos de los economistas del sector privado, que temen que los precios escalen en noviembre hasta más del 4%.
Los presupuestos del próximo año, que Hacienda está ultimando, sumarán una factura extra de grandes proporciones por culpa de la subida de la inflación.
El repunte de los precios obligará al Gobierno a compensar a más de ocho millones de pensionistas, que deben recibir el próximo año entre 2.000 millones y 2.100 millones de euros –entre 330.000 millones y 350.000 millones de pesetas–, según el cálculo de los economistas del sector privado, que sitúan la tasa de inflación en noviembre –mes de referencia para el cálculo de la revalorización de las pensiones– entre el 4% y el 4,2%, entre 20 y 22 décimas por encima del objetivo del 2% fijado por el Gobierno para 2002.
El sector privado también afrontará otra factura similar debido a que se activarán las cláusulas de los convenios colectivos que contemplan pagas adicionales si la inflación supera el umbral previsto. Hasta ahora, los convenios colectivos firmados recogen un incremento del 3%. El año pasado 5,2 millones de trabajadores se beneficiaron de las cláusulas de salvaguarda.
La mayor parte de la factura corresponde al Estado, que deberá afrontar el incremento del gasto derivado de la revalorización de las pensiones y el mayor desembolso previsto en infraestructuras y seguridad ciudadana.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comprometido en sus reuniones con los agentes sociales aumentar las partidas en esas dos áreas. Ayer se entrevistó con los líderes de UGT y Comisiones Obreras, quienes le reclamaron que haga una apuesta clara por “el crecimiento como garantía para la creación de empleo, aumentando la inversión en infraestructuras, investigación tecnológica y desarollo”; y hoy se encontrará con la patronal CEOE y Cepyme.
Los próximos presupuestos contarán con el corsé adicional de la denominada ley del déficit cero, que obliga al Ejecutivo a equilibrar sus cuentas y explicar ante el Parlamento cualquier desviación.
El objetivo del Ejecutivo para el año que viene, expresado en la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2001-2005, es alcanzar de nuevo el equilibrio presupuestario, para lograr en 2004 un superávit del 0,1% del PIB y del 0,2% en 2005.
El gasto adicional en pensiones, si se cumplen las previsiones del sector privado, alcanzará las tres décimas del PIB que se computarán en las cuentas de 2003, salvo que Hacienda decida repartir la factura entre este ejercicio y el que viene. En cualquier caso, la magnitud del sobrecoste limitará el margen de maniobra de Montoro para otros proyectos.
Este año, el Estado acumula un déficit del 0,4% del PIB hasta junio, según las últimas cifras; aunque el Gobierno da por seguro cerrar el año en equilibrio.
Inflación galopante
El Ejecutivo debe compensar a los alrededor de 8,2 millones de pensionistas con 100 millones de euros por cada décima que la inflación esté por encima del 2% previsto. De esos cien millones, 50 corresponden a la indemnización por los menores pagas de jubilación cobradas, y los otros 50 a la consolidación de esas pagas para el año siguiente.
El Gobierno apenas tiene armas para frenar la escalada de la inflación, que en junio se sitúo en el 3,4%. Los analistas consultados sitúan el incremento de los precios en diciembre entre el 4,1% y el 4,3%, dependiendo del comportamiento del petróleo, el euro y los alimentos frescos.
El gran repunte comenzará en septiembre. El año pasado, los precios cayeron abruptamente a partir del 11 de septiembre por el desplome de la cotización de las materias primas tras los atentados. Ese brusco descenso ha creado un escalón que este año no existirá, lo que provocará una fuerte subida de la inflación.
A ese problema –denominado por los especialistas efecto escalón– se suma el encarecimiento de la cesta de la compra por la entrada en vigor del euro; la subida generalizada del precio de los alimentos frescos y el aceite de oliva, y el alza de los precios en el sector turísticos y de restauración, pese a la caída de la demanda.
Si las cifras de los economistas del sector privado se cumplen, este año el Gobierno afrontaría la mayor desviación con respecto a su estimación oficial desde que el Partido Popular llegó a La Moncloa en 1996. Hasta ahora, la mayor desviación en noviembre se había producido en 2000, cuando la inflación subió hasta el 4,1% ese mes, frente al 2% previsto. Entre 1996 y 1998 la inflación en noviembre fue menor a la prevista.
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