El fiscal anticorrupción Carlos Ramos solicitó ayer una pena «máxima» de cárcel para el inspector fiscal Alvaro Pernas, su subordinado Fabían Gómez y el propietario de Metro-3, Baltasar Aznar, por la «desfachatez» con la que urdieron el fraude a Hacienda.
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Con esta contundencia se pronunció el fiscal a la hora de exponer su informe final, al acabar la tercera y última sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona en el primer procedimiento de la trama de Hacienda que llega a estrados.
La Fiscalía mantuvo su petición de 14 años de cárcel para Pernas, acusado de prevaricación, cohecho, falsedad documental, infidelidad de custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.El subinspector tributario Fabián Gómez y el empresario se enfrentan por su parte a una petición de ocho años de prisión.
De hecho, la única modificación que se ha producido después de la práctica de la prueba ha sido la retirada de la acusación respecto a un cuarto procesado, el ex asesor fiscal de Metro-3 Ricardo Valera, según informó la agencia Efe. La acusación tomó esta decisión después de constatar que no había prueba que le incriminara.
El fiscal pidió una condena «ejemplar» para los otros acusados, por entender que con su actuación fraudulenta buscaron un «agravio comparativo» para el resto de contribuyentes.
En concreto, Carlos Ramos reprochó su conducta a los inspectores fiscales por la naturaleza de la función pública que desempeñaban, y también criticó con dureza a Aznar por querer burlar una obligación tributaria que somete a todos los ciutadanos «aunque no sea de buen grado».
La sesión del día se centró en discutir la posible prescripción del ejercicio fiscal de 1991, en el que se defraudó a Hacienda la mayor parte de los 453 millones de pesetas (2,7 millones de euros) presuntamente ocultados al fisco entre 1991 y 1995 por la empresa inmobiliaria.
Pese a que las defensas, que piden la absolución de los acusados, insistieron en valorar como prescrito tal ejercicio, tanto el Fiscal como el Abogado del Estado mantuvieron que la Ley Tributaria obligaba a regularizar la polémica declaración.
Una inspección correcta de las operaciones contables efectuadas por Metro-3 en aquel período dejaba claro, al parecer de la Fiscalía, que se habían cometido numerosas irregularidades. El mero hecho de silenciarlo, y algunas declaraciones vertidas durante el juicio, como la del ex inspector Enrique Viola, que incriminó a Pernas, demostrarían la tesis de la existencia de un soborno de 60 millones (360.607 euros), propuesto por el inspector al empresario para «maquillar» las actas fiscales.
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