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EXPANSIÓN - OPINIÓN   

15 de Junio de 2002    


¡Basta de privilegios, todos a la huelga!

Carlos Rodríguez Braun.

Me siento como un obispo: yo también creo que hay razones para la huelga general. Por ejemplo, los insólitos privilegios de tantos empresarios que viven del cuento, la subvención y la protección. Pero de eso a veces se discute. En cambio, pocos cuestionan los privilegios de los sindicatos.


La primera prerrogativa es de carácter general e ideológico: la inmersión de los privilegios en el inobjetable mundo de los “derechos sociales”. ¿Cómo censurar la “protección” a los desempleados? Quienes desde púlpitos y cátedras aducen que dicha protección garantiza la “paz social” y es “una de las instituciones que mejor ha logrado encarnar el Estado social y democrático de derecho”, lo hacen desde la comodidad del pensamiento único. Sin embargo, alabar acríticamente los derechos de los trabajadores es eludir la teoría y la práctica; la primera llama la atención sobre la incoherencia de defender unos derechos y no otros, singularmente el derecho de propiedad del trabajador sobre el fruto de su trabajo; la segunda subraya la paradoja de que cuanto más se “protege” al trabajador más desempleo hay, algo sobre lo que podrían meditar quienes parecen preocuparse por el seguro de paro más que por el paro.

La “paz social” ha sido siempre una excusa para la intervención del Estado, bajo toda clase de Gobiernos, democráticos y no democráticos. Nadie encareció más el despido que la dictadura franquista, cuyos encantos siguen atrayendo aún a entusiastas huestes de todo el arco doctrinal: lo prueban quienes se rasgan las vestiduras porque “el Gobierno abarata el despido”, como si no hubiera relación alguna entre el paro y el coste de contratar y despedir.

La demagogia de la oposición, por supuesto, no excusa la del Gobierno, que proclama ufano que el gasto social no disminuye. Pero, con ser pequeña, esta reforma está justificada; aparte de la corrupción de pesebres político-sindicales como el PER, los especialistas confirman que por un problema elemental de riesgo moral el seguro de desempleo extiende el período anterior a salir del paro, y es razonable impedir que se rechacen ofertas de trabajo, y fomentar el reingreso en el mercado laboral –la formación de los parados es sin duda importante, pero ello no obliga a aceptar que la organicen coactivamente las Administraciones Públicas. Peor, claro, es la locura de quienes piden más impuestos y hablan de “precario” Estado social.

La ventaja ideológica es sólo una en una larga historia de privilegios sindicales, empezando por el derecho de huelga. A pesar de que ese derecho no es individual sino sindical, y no debería figurar entre los fundamentales, el modelo adoptado fue para nuestra desgracia el italiano, en vez del alemán o británico. Pocas y acalladas fueron las voces que, como la del Círculo de Empresarios, durante la transición profetizaron que en ese caso no iba a ser posible regular la huelga; y nuestra Constitución tendría un claro sesgo a favor de los sindicatos, en vez de a favor de los derechos de los trabajadores, y reconoció el derecho de huelga antes que el derecho al trabajo y el deber de trabajar.

Los sindicatos hicieron buen uso de ese privilegio, dos de cuyas manifestaciones más ridículas hasta en su retórica son los servicios mínimos, que sólo se cumplen si a los sindicalistas les da la gana y no los consideran “abusivos”, y los piquetes “informativos”, que no fueron informativos nunca: violaron sistemáticamente la libertad de trabajar y aquí no pasó nada; siempre puede venir el Consejo Económico y Social, entidad ora inútil ora nociva, y poner paños calientes. (Para que pase algo, por cierto, la solución liberal enfatizaría la responsabilidad: suprimir totalmente los servicios mínimos y, al menos en el sector privado, liberalizar totalmente las huelgas. Igual que los despidos.)

Los privilegios continuaron con la negociación colectiva, un curioso derecho que es en realidad una obligación, el sindicato “más representativo” opus Almuniam, y por supuesto los liberados, con más “liberación” que en el resto de Europa, y que llegaron a cifras escandalosas en las empresas públicas.

La rendición económica ante los sindicatos viene de lejos. Recuérdese la “devolución del patrimonio sindical”, que en ocasiones se trató de una re-apropiación de lo que se habían incautado en tiempos del Frente Popular, expropiándoselo a los sindicatos cristianos, entonces muy importantes. Y de ahí hasta hoy, sin interrupción, con incontables subvenciones y sinecuras que han permitido a los sindicatos “liberarse” de las cuotas de sus afiliados, que son escasos y no aportan ni el 10 % de las arcas sindicales. Cabe mencionar al siniestro y despilfarrador FORCEM, lo más parecido al sindicato vertical franquista, del que sindicatos y CEOE obtienen jugosos fondos –la connivencia corporativa de ambos se vio nítidamente en su resistencia a la imprescindible reforma de la negociación colectiva. Por fin, hablando de dinero, los sindicatos exigen transparencia pero no en casa, sin presupuestos ni auditorías ni controles: ¡y es dinero de los contribuyentes! Asimismo, cobran comisiones por litigar por los salarios de tramitación –un 10 %, denuncia Jesús Carasa Taibo en Libertad Digital- lo que avala aún más la necesidad de suprimir la litigiosidad artificial.

La burbuja mediática en la que viven los sindicatos ha impedido hasta ahora que se abran debates sobre estas cuestiones, y ha permitido que se suelten bastantes tonterías, verbigracia, que el Inem tiene superávit, como si ello vacunara contra su reforma, o que si hay fraude en el paro también lo hay en la tributación, como si las autoridades no promovieran ambos. Sin embargo, hay un inusitado argumento liberal que han planteado los antiliberales y que me permite concluir con una nota de optimismo. Dicen que el seguro de paro no es un subsidio sino una contraprestación, con lo cual liquidan su propio argumento central –el que utilizan sin cesar, por ejemplo, en el caso de las pensiones- con el que empezábamos este artículo: la idea de los indiscutibles derechos “sociales”. En efecto, si los derechos son como deben ser, es decir, individuales y a cambio de responsables obligaciones individuales, se acabaría el redistribuidor Estado del Bienestar y pasaríamos a la sociedad del bienestar, en la que los ciudadanos y sus organizaciones libres se las arreglarían de modo responsable sin usurpar bienes ni libertades de los demás. Sería el fin de los privilegios. O sea que si es para conseguir eso: ¡todos a la huelga! .



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